Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa negaron ante el tribunal haber pagado sobornos por $14 millones, rechazaron las afirmaciones del arrepentido Ernesto Clarens y afirmaron que la inclusión de la constructora CPC en la causa buscó desviar la investigación hacia el Grupo Indalo para proteger a otro grupo empresario.
Fabián De Sousa afirmó con contundencia que no pagaron sobornos ni utilizaron intermediarios para entregar dinero a funcionarios, rechazando de forma categórica las imputaciones vertidas contra ellos.
La declaración completa de Cristóbal López
Cristóbal López sostuvo que la causa está “armada” por el fiscal Stornelli y el juez Bonadío, y fundamentó su defensa en las contradicciones que, según él, mostró Clarens en sus distintas declaraciones. Relató que en la primera declaración de Clarens, del 17 de agosto de 2018, este negó conocerlo y citó a la familia Eskenazi y al Grupo Petersen como quienes llevaban dinero; días después Clarens corrigió su versión y, tras presiones y la anulación de un acuerdo, en un nuevo convenio de colaboración del 3 de septiembre incorporó anexos con listados donde apareció repentinamente la empresa CPC, vinculada al Grupo Indalo. López sostuvo que esos documentos podrían haber sido confeccionados apresuradamente bajo coacción y que la referencia a CPC buscó desplazar la atención sobre los verdaderos señalados.
También señaló la confusión entre las siglas PTC (Petersen, Thiele y Cruz) y CPC, y consideró irrazonable la cifra mencionada de catorce millones de pesos, que en su momento equivaldría a cerca de tres millones de dólares, por tratarse de montos incompatibles con la actividad atribuida a CPC en ese período. López afirmó además que, salvo por su detención, él y sus socios fueron los únicos empresarios presos relacionados con la causa, y negó conocer personalmente a Clarens y a José López, salvo por encuentros mediáticos o breves coincidencias en la cárcel.
“No tengo nada que ocultar”, dijo De Sousa
Fabián De Sousa explicó que responderá preguntas después de escuchar a quienes lo acusaron y manifestó sorpresa por haber sido citado sin conocimiento previo de las imputaciones. Afirmó no tener nada que ocultar y remarcó que puede dar la cara ante cualquier persona, incluida su familia. Relató además su experiencia previa en causas como la de Oil Combustibles, en la que fue absuelto, y describió cómo supo de la llamada “causa de los cuadernos” estando detenido, primero por vías mediáticas y luego por los allanamientos a propiedades vinculadas al Grupo Indalo.
De Sousa detalló que fue trasladado abruptamente a Comodoro Py tras la incorporación de su nombre por parte de Clarens en marzo de 2019, sin tiempo para revisar el expediente ni conocer los detalles de las declaraciones imputatorias. Señaló que no se le ofreció acogerse a la Ley del Arrepentido y que el proceso de detención y traslado fue, en su experiencia, traumático.
Sobre los dichos de Clarens
De Sousa sostuvo que su incorporación al expediente se produjo por decisión del juez y del fiscal y que hasta ese momento su nombre no aparecía en las actuaciones ni en las declaraciones originales de los arrepentidos. Reiteró que no conoce a Clarens ni mantuvo relaciones comerciales con las cooperativas o empresas vinculadas a él, y dijo que sólo vio a Clarens de forma remota cuando el arrepentido se negó a declarar en el juicio. Otros empresarios también declararon durante la jornada y denunciaron haber sufrido irregularidades en la investigación. El debate se reanudará el próximo martes a las 8:30.
El juicio
La causa de los Cuadernos continuó ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva tanda de declaraciones indagatorias a empresarios procesados por presuntos pagos de sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Entre los comparecientes en esta etapa figuraron Alfredo Kot (Cartellone Construcciones Civiles S.A.); Osvaldo De Sousa y Cristóbal López (vinculados a CPC S.A. y al Grupo Indalo); Rodolfo Perales (Perales Aguiar S.A.); Eduardo Luis Kennel (José J. Chediack S.A.I.C.A.); Juan Manuel Collazo (exdirectivo de Corporación América S.A. y Helport S.A.); Ricardo Repetti (Vialco S.A.); y Carlos Fabián De Sousa (ex presidente de CPC S.A. y del Grupo Indalo).
El proceso, que investiga hechos ocurridos entre 2003 y 2015, juzga supuestos pagos de empresarios a exfuncionarios a cambio de contratos de obra pública; la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. Las audiencias se desarrollaron ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori (TOF 7), con la fiscal Fabiana León y la querella representada por la Unidad de Información Financiera. El juicio oral comenzó en noviembre del año anterior con 86 procesados y atraviesa la fase final de indagatorias en formato semipresencial; una vez concluido este tramo, se iniciarán las declaraciones de testigos.
