Hace algunos días los medios citaron un informe del Banco Provincia que estimaba cuánto debería transferir el Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional en 2026 por dividendos de 2025. Aunque técnicamente el Gobierno, como accionista del BCRA, puede recibir esas transferencias —y el banco central históricamente le ha girado utilidades incluso en años con pérdidas—, avanzar en esa dirección sería poco recomendable.
El motivo es que el BCRA necesita reforzar su capital para ganar solidez, y eso se consigue más rápido reteniendo utilidades en lugar de distribuirlas. En 2025 se concretó una transferencia que terminó financiando el pago de deuda del Gobierno y limitando la capacidad del BCRA para, por ejemplo, acumular reservas. Además, como todo banco central dispone de un único instrumento operativo —la política monetaria— tiene restricciones para perseguir objetivos múltiples: pretender alcanzar varios fines con una sola herramienta reduce la probabilidad de lograr cualquiera de ellos.
Por ejemplo, a inicios de año el BCRA anunció que la emisión resultante de un mayor demanda de pesos, sin generar inflación adicional, se utilizaría para comprar reservas. Si se transfieren ganancias al Tesoro y éste dispone de esos fondos, el BCRA deberá emitir para proveer esos recursos, perdiendo así la posibilidad de aprovechar ese aumento de demanda de pesos para adquirir divisas.
Aun si el Tesoro usara esos fondos para comprar divisas al BCRA, la operación implicaría que el banco central adquiriera dólares mediante emisión de pesos o endeudamiento, lo que aumentaría la futura oferta de moneda local. Por estas razones, no conviene que la autoridad monetaria transfiera dividendos al Tesoro en este momento.
Otra pregunta de prioridades es si no sería mejor destinar el incremento previsto de la demanda de pesos a resolver un problema más inmediato: las mayores exigencias de encajes y su forma de integración aplicadas por el BCRA para enfrentar la liquidación de las LEFIs a mediados de 2025 y, luego, para compensar la fuerte caída de la demanda de dinero durante la incertidumbre preelectoral. Esas medidas podían estar justificadas en una situación de emergencia, pero dejaron de serlo una vez que los resultados electorales relajaron la incertidumbre y favorecieron la consolidación del rumbo económico.
El aumento de los encajes reduce la proporción de depósitos disponible para prestar, lo que eleva las tasas de crédito: los bancos deben cubrir intereses a depositantes y otros costos sobre una base de fondos más reducida. El costo de intermediación se incrementó además por la volatilidad de tasas generada al limitar la capacidad de las entidades para actuar contracíclicamente frente a la demanda intramensual de pesos.
Un mayor costo de intermediación se traduce en tasas más altas para los tomadores, desincentivando el endeudamiento.
Cuando las personas cobran su salario aumenta la demanda de dinero y los bancos integran menos encajes esperando que esos fondos se usen y regresen con las compras diarias, lo que les permite cumplir luego con los promedios exigidos por el BCRA. Si se limitan esas prácticas, las entidades deben competir por fondos en los picos de demanda pagando tasas elevadas y, cuando los pesos vuelven a los bancos, enfrentan sobrantes que hacen bajar las tasas. Esa volatilidad encarece el fondeo que los bancos repercuten en los créditos.
El resultado es un círculo negativo: mayores costos de intermediación elevan las tasas a los tomadores y reducen el atractivo de los depósitos, lo que disminuye los recursos disponibles para transformar en crédito. Esto es observable hoy: pese a la superación de la incertidumbre electoral, los depósitos crecen muy lentamente y las tasas reales ofrecidas a los ahorristas son negativas frente a la inflación esperada.
En la práctica, las medidas restrictivas generaron tasas tan altas que aumentaron la morosidad bancaria y redujeron la disponibilidad de crédito al sector privado, frenando la velocidad de recuperación económica. Si bien el BCRA ha ido reduciendo encajes y los mínimos diarios de integración, conviene priorizar el aprovechamiento del aumento de la demanda de pesos para retornar, lo antes posible, a la situación previa a las medidas de emergencia del segundo semestre de 2025. Eso probablemente deje al BCRA con un margen inicial limitado para comprar reservas.
No obstante, cuanto más rápido sea el proceso de reactivación y mayor la mejora en el bienestar de la población, más se incrementará la demanda de moneda local para atesoramiento, y entonces el BCRA podrá acumular más reservas que si persisten los factores que desaceleran la recuperación del crédito interno y la actividad económica.
El autor es economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”
