La condena en Estados Unidos de cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse abre un nuevo capítulo en el caso que conmocionó a Haití en 2021. El fallo, dictado en Miami tras un extenso juicio federal, se suma a sentencias previas relacionadas con el atentado.
Un jurado del distrito sur de Florida encontró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes habían negado los cargos. Los cuatro enfrentan la posibilidad de cadena perpetua. El veredicto, resultado de 39 días de audiencias, fue emitido bajo la supervisión de la jueza Jacqueline Becerra.
Según el tribunal, cada condenado cumplió un papel clave en la conspiración. Intriago y Pretel Ortiz dirigían una empresa de seguridad con base en Florida que coordinó la logística operativa; Veintemilla aportó financiamiento a través de su firma de inversiones, y Solages actuó como enlace en Haití, facilitando comunicaciones y contactos locales.
La investigación señala al sur de Florida como centro de planificación del operativo que culminó en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado en su residencia en Pétion-Ville, cerca de Puerto Príncipe.
De acuerdo con la fiscalía y documentos judiciales, el objetivo era derrocar a Moïse para situar en el poder a Christian Sanon, un médico haitiano-estadounidense cuyo proceso fue separado por motivos de salud. Los conspiradores buscaban instalar un gobierno que favoreciera sus intereses económicos y la obtención de contratos.
Durante el juicio, la defensa sostuvo que la investigación fue caótica y que los acusados fueron manipulados para asumir la responsabilidad del golpe. Alegaron que creían poseer una orden judicial válida y que pretendían destituir a un presidente que, según ellos, había excedido su mandato. El tribunal no aceptó esos argumentos y confirmó la culpabilidad por conspiración.
El testimonio de Martine Moïse, esposa del presidente asesinado, fue clave para el jurado. La primera dama relató cómo fue sorprendida por los disparos junto a su esposo en su casa, y recordó que él le dijo “Cariño, estamos muertos” en los instantes previos al ataque.
En Haití, más de cincuenta personas han sido acusadas en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda del mandatario. Sin embargo, el avance de los procesos judiciales se ha visto frenado por la inseguridad y el colapso institucional en el país. Entre los detenidos figuran 17 exmilitares colombianos y otros ciudadanos extranjeros.
Antes de este fallo en EE. UU., cinco personas ya habían sido condenadas a cadena perpetua y otra recibía una pena de nueve años al demostrarse que desconocía el destino del material enviado. Algunos acusados negociaron acuerdos con la fiscalía estadounidense, mientras que otros continúan a la espera de juicio.
El asesinato de Moïse desató una crisis política y de seguridad que favoreció la expansión de bandas armadas. El aumento de la violencia y el deterioro de las condiciones de vida provocaron una ola migratoria, principalmente hacia Estados Unidos, donde cerca de 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación.
Hoy la vida cotidiana en Haití está marcada por la inestabilidad: el cierre de escuelas y hospitales en varias regiones agrava las dificultades para la población. Organismos como la ONU advierten que la persistente falta de seguridad y de servicios esenciales podría intensificar la emergencia humanitaria.
(Con información de EFE, Europa Press, Reuters y AP)
