La regulación del uso de celulares en las aulas pasó de ser un tema discutido en escuelas aisladas a figurar en la agenda educativa de Argentina y de varios países de América Latina. Un informe regional de la Unesco advierte que prohibir o restringir los dispositivos no es suficiente si no se acompaña de políticas de ciudadanía digital.
Aunque en la mayoría de los países predominan restricciones parciales antes que prohibiciones totales, la región muestra un aumento sostenido de leyes, normas ministeriales y proyectos legislativos destinados a limitar la presencia de teléfonos móviles en el ámbito escolar. En Argentina, diversas jurisdicciones ya sancionaron regulaciones propias.
El relevamiento fue realizado por Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de la Unesco en ciudadanía digital. La autora examinó la situación en 12 países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay— a partir de consultas con funcionarios técnicos.
En la actualidad, cuatro países cuentan con leyes nacionales específicas sobre el uso del celular en las escuelas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Además existen leyes subnacionales en países como Argentina y México, y medidas administrativas en naciones como Ecuador y El Salvador.
A diferencia de Europa, donde hay modelos de prohibición más estrictos —como el caso de Francia, que impide el uso durante toda la jornada escolar—, en América Latina lo más frecuente son las restricciones condicionadas, que limitan el uso del dispositivo en determinados momentos pero mantienen excepciones por motivos pedagógicos, sanitarios o de emergencia.
El informe indica que, en la mayoría de los países, las limitaciones se focalizan en el tiempo de clase, aunque en algunos casos, por ejemplo Brasil y Chile, las normativas también abarcan recreos y otros espacios escolares.
En Argentina se observa en los últimos años una rápida proliferación de normas provinciales. Al menos 11 jurisdicciones —entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe— aprobaron leyes o resoluciones que regulan el uso de celulares en institutos educativos, con diferencias según el nivel educativo, el alcance y las formas de implementación; algunas provincias priorizan primaria, otras secundaria, y en ciertos casos se incluye también otras tecnologías.
Los motivos que impulsan estas regulaciones son variados, aunque predominan razones vinculadas con la salud emocional, la atención en clase y la convivencia escolar. Se alude a la necesidad de reducir distracciones, mejorar la concentración, prevenir el ciberbullying, disminuir la exposición excesiva a pantallas y promover interacciones presenciales entre estudiantes. También se citan riesgos asociados a contenidos digitales nocivos, problemas de autoestima, trastornos emocionales y dificultades de socialización.
En muchos países, las decisiones se apoyan en recomendaciones de asociaciones pediátricas y organismos internacionales de salud que alertan sobre los efectos del uso intensivo de pantallas en la salud mental y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, la Unesco subraya que el debate no está cerrado y recoge críticas sobre la eficacia de estas políticas: restringir los celulares no elimina de manera automática problemas como el acoso digital, la desinformación, el grooming, los discursos de odio o la manipulación algorítmica. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, advierte el informe.
Además, podrían surgir consecuencias no deseadas, por ejemplo una mayor vulnerabilidad frente a riesgos digitales si los estudiantes no reciben formación adecuada en el aula, o un incremento del uso del celular fuera del horario escolar como forma de compensación.
El documento también señala que, en contextos marcados por la brecha digital, el celular suele ser el único dispositivo disponible para actividades educativas, de modo que una regulación muy rígida podría profundizar desigualdades en el acceso a la educación.
Frente a las posiciones a favor y en contra, el informe propone una “tercera vía”: fortalecer políticas de ciudadanía digital que desplacen el foco de la mera prohibición hacia la formación de estudiantes en el uso crítico, ético y reflexivo de las tecnologías.
“Más allá de las regulaciones, los niños y adolescentes siempre estarán expuestos a riesgos en el mundo digital y necesitarán, por ello, contar con competencias críticas que les permitan comprender y reflexionar sobre cómo funciona, de qué manera los afecta, y cómo aprovechar las oportunidades que brinda”, sostiene el texto.
Por eso, la Unesco plantea que la respuesta estructural no consiste solo en limitar dispositivos, sino en enseñar a comprender el entorno digital: la ciudadanía digital aparece como una política pública que busca no solo reducir daños, sino también construir competencias para desenvolverse en el mundo digital.
