La causa por la desaparición de Mario Fabián Golemba tuvo un nuevo avance judicial: la querella solicitó ante la Fiscalía Federal No 2 de Posadas la imputación y la citación a indagatoria de cinco efectivos de la Policía de Misiones que estaban asignados a la comisaría de Dos de Mayo en marzo de 2008.
El pedido fue presentado por los abogados Héctor Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles y apunta principalmente contra el excomisario Ewaldo Katz, junto a otros cuatro agentes que estaban de guardia la noche en que Golemba fue visto por última vez.
Según la presentación, Golemba habría sido detenido por efectivos en las inmediaciones de la rotonda de acceso a Dos de Mayo y luego trasladado a la comisaría local.
La querella sostiene que varios testimonios ubican al joven ingresando a la dependencia alrededor de las 21:00, esposado y bajo custodia policial. De acuerdo con esa reconstrucción, dentro de la comisaría habría sido llevado primero al sector de celdas y luego a otra habitación, donde presuntamente fue agredido.
El escrito judicial, de 68 páginas, reúne testimonios y pruebas que los querellantes consideran suficientes para solicitar las imputaciones. Además de Katz, el pedido incluye a otros cuatro efectivos que, según la presentación, participaron en las agresiones, aseguraron la escena y luego intervinieron en el traslado de Golemba en una camioneta policial.
Parte de la reconstrucción se basa en declaraciones de personas que estaban detenidas esa noche en la comisaría y declararon haber escuchado gritos, golpes y pedidos para que dejaran de agredirlo. Algunos testigos indicaron haber visto a Golemba retirado de la dependencia boca abajo, en la caja de una camioneta y cubierto con una lona o una bolsa negra.
La querella también señala que no existiría registro oficial de la detención de Mario Golemba y denuncia presuntas tachaduras, omisiones y alteraciones en los libros de novedades de la comisaría correspondientes a esos días.
Golemba tenía 27 años y vivía en Picada Indumar cuando desapareció. El caso es considerado una de las investigaciones más sensibles de Misiones por su vinculación con presunta violencia institucional.
Ahora corresponde a la Fiscalía Federal No 2 de Posadas analizar el pedido presentado y decidir si avanza con las imputaciones y las declaraciones indagatorias solicitadas.
