El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, a personas trasplantadas o en lista de espera y a niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida quedó establecida en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. El texto dispone dejar sin efecto el régimen de compensaciones por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Desde 2018 existía un mecanismo de pago parcial por parte del Estado para cubrir los boletos gratuitos que las empresas debían entregar a los beneficiarios contemplados en esas normas. Con la nueva resolución, ese mecanismo de compensación queda derogado.
La resolución aclara que no se suprime el derecho a la gratuidad previsto en las leyes mencionadas: las empresas de transporte siguen obligadas a emitir los pasajes gratuitos para los grupos alcanzados por la normativa.
Como fundamento, el texto oficial señala que la situación regulatoria del sector cambió con la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que instauró un nuevo marco para los servicios interjurisdiccionales y otorgó a las empresas mayor libertad para definir recorridos, horarios, precios, modalidades y duración dentro de los estándares de seguridad fijados por la autoridad.
Según la Secretaría de Transporte, ese cambio alteró la base jurídica y económica que justificaba las compensaciones; al desaparecer la circunstancia estructural que las originó, la continuidad del régimen resulta innecesaria, mientras que el derecho de los usuarios a viajar sin costo por las causas previstas en la ley “permanece plenamente vigente y exigible”.
La Resolución 28/2026 también encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el control y la fiscalización del cumplimiento por parte de las empresas en la emisión de los pasajes gratuitos, y le exige mantener los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de esa obligación.
Además, la norma incluye una cláusula transitoria para proteger situaciones generadas con anterioridad a su vigencia, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y los derechos y trámites ya iniciados antes de la publicación de la resolución.
Por otra parte, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundido recientemente documentó aumentos fuertes en el costo de los pasajes del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Según ese análisis, el boleto mínimo de colectivo se multiplicó hasta 16 veces, con incrementos que oscilaron entre 1.221% y 1.545% según la jurisdicción.
El informe señaló que las tarifas crecieron muy por encima del índice de precios al consumidor (303,5% en el mismo período) y que el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentó solo un 129%, lo que implicó una pérdida real de poder adquisitivo del 43%. En abril de 2026, quienes cobran el salario mínimo debieron destinar el 17,3% de sus ingresos al transporte, frente al 2,6% registrado en diciembre de 2023.
CEPA también advirtió sobre una mayor brecha tarifaria entre jurisdicciones: en el AMBA el boleto mínimo ronda los $700, mientras que en algunas ciudades del interior puede superar los $2.000. Factores como el aumento de costos operativos (por ejemplo, el gasoil) y la reducción del presupuesto real para infraestructura contribuyeron al impacto en el sistema. Como consecuencia, en febrero de 2026 el total de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos, y el informe estimó que, por la fórmula de actualización mensual y la volatilidad de costos, es probable que las tarifas sigan aumentando durante 2026.
