El frente fiscal ha frenado la iniciativa. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Ley de Modernización Laboral representa una presión fiscal equivalente al 0,15% del PBI. En su último Staff Report sobre Argentina, el organismo incluyó la posible postergación de la reforma laboral entre las medidas contingentes para conservar el ancla fiscal.
Otras estimaciones privadas sitúan el costo por encima de esa cifra. Según PwC, el impacto podría alcanzar 0,23% del PBI en un año completo y 0,16% hasta fin de año. Además, la ANSES vería reducidos parte de los recursos que actualmente recibe por contribuciones patronales, ya que una porción de esos aportes se destinaría al fondo.
Relacionado con la pérdida de recursos fiscales, hay otra señal de advertencia: los fondos no estarán disponibles de inmediato, porque requerirán un período mínimo de permanencia de seis meses para nutrir al FAL.
Ese aspecto genera muchas dudas entre empresas y abogados laboralistas. “Cuando comience la reglamentación, durante seis meses la empresa empieza a derivar plata a este fondo y tiene que juntar recursos. En esos seis meses deja de aportar a la caja previsional”, explicó un abogado en off.
Otro punto que exige atención es el riesgo de uso opaco y prácticas poco transparentes. En el sector empresario advierten que el Gobierno busca evitar que, a un año de las elecciones, el FAL provoque conflictos por sociedades creadas solo para administrar recursos o por estructuras con vínculos extralaborales o intereses ajenos a la finalidad del fondo.
“En la práctica, al Gobierno no le sirve un quilombo: que se creen sociedades fantasma para apropiarse de recursos del FAL o que un empresario trabaje junto a una administradora por amistad. Por eso algunos dicen que se parece a las AFJP, porque hay miedo al fraude”, reflexionó una fuente vinculada a las negociaciones durante el tratamiento en el Congreso.
La ley prohíbe, además, que el empleador elija una entidad en la que tenga participación directa o indirecta. No obstante, los estudios jurídicos estiman que la reglamentación deberá precisar controles, requisitos de inscripción y mecanismos de supervisión, sobre todo para nuevas entidades que no sean bancos ni gestoras tradicionales.
En ese marco surgen interrogantes ante casos de quiebra o embargo. El patrimonio del fondo será “inalienable e inembargable”: si la empresa quiebra o permanece seis meses sin empleados registrados, la cuenta se extinguirá y el remanente volverá al empleador, salvo disposición judicial en contrario.
En el ámbito jurídico, algunos advierten que esa norma deberá ser “cuidadosamente reglamentada” para “evitar incentivos no deseados”.
Las cuestiones en análisis parten de una premisa central: el FAL transforma un pasivo laboral en un activo financiero.
Finalmente, persisten dudas operativas. Parakeet Fondos señala que en el sector financiero “se discute la necesidad de mantener una liquidez mínima” para afrontar pagos a empleados dentro del plazo exigido por la regulación laboral: cinco días hábiles desde la presentación de la declaración jurada.
Las empresas esperan por el Fondo, mientras que el Gobierno se junta para definir detalles
En la Unión Industrial Argentina (UIA) el tema aún no está resuelto. Una fuente vinculada a la entidad aseguró que “ni se habló del FAL en la última reunión” a la que asistieron representantes laboralistas.
Por la falta de definiciones, en las reuniones de asesoría legal para empresas surge la duda sobre qué mensaje transmitir mientras no se publique la reglamentación. “¿Hablamos de la reforma o, como está todo en veremos, lo posponemos?”, preguntó uno de los participantes a este diario.
“Uno de cada diez empleadores recibe mails de administradoras para que la empresa las elija en la administración del fondo; no son más porque no se sabe bien qué ofrecer”, cuentan a este diario.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, tiene reuniones programadas entre esta semana y la próxima con distintos referentes del empresariado. En el sector privado esperan definiciones sobre la administración de los fondos, la liquidez y, sobre todo, el alcance real del régimen, según la visión del Gobierno.
“Esto es un cambio de paradigma dentro del mercado de trabajo. ¿Y si probamos con algo distinto, nuevas reglas de juego?”, se pregunta un empresario de peso ante este medio.
Para Silvina Scarimbolo, abogada especialista en relaciones laborales y sindicales, el cambio debe entenderse también desde la perspectiva de las pymes. “Aquí hay un cambio radical en el sistema de pago de la indemnización. Lo importante es comprender que el objetivo principal del fondo es que las pymes tengan la garantía de poder pagar a los empleados que tengan sentencia favorable y no pueden cobrar”, explicó.
No obstante, advirtió que el diseño puede tener límites prácticos. “La pyme también convive con altos niveles de informalidad. Entonces, si se trabajan ocho horas y se declaran cuatro, el aporte será mitad y mitad. Si el objetivo es garantizar el cobro de indemnizaciones para empleados de pymes, económica y financieramente una pyme puede necesitar muchos años para que ese fondo alcance a cubrir una indemnización”, sostuvo.
Fuerte optimismo en el mercado por la inyección de dólares al sistema
Más allá de su función laboral, se espera que el FAL tenga un impacto positivo en el mercado de capitales. En el Gobierno lo presentan como un “círculo virtuoso”: empresas con menor riesgo financiero ante despidos, mayor formalización, flujo sostenido de recursos hacia instrumentos locales, mayor profundidad de mercado, más liquidez y tasas más bajas.
En una entrevista con Ámbito, el presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, consideró que el FAL “es uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos en el mercado de capitales”. “Es la creación de fondos de pensión, de fondos estables que van a servir para el financiamiento directo de la economía real. A los ojos del mercado de capitales y de las empresas, eso implica la eliminación de sus pasivos contingentes laborales”, afirmó.
Las estimaciones sobre el volumen potencial varían. El Gobierno proyecta que el FAL podría inyectar entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones anuales al mercado de capitales.
Por su parte, el presidente de la CNV, Roberto Silva, estimó que la cantidad de Fondos Comunes de Inversión del país podría pasar de los actuales 1.000 a 10.000. La CNV pretende regular lo mínimamente indispensable y avanzar con un régimen de autorización automática.
Otras estimaciones son más moderadas. Según la consultora YCON, con aportes del 1% y 2,5% sobre la masa salarial formal, el nuevo mercado podría canalizar entre u$s1.500 millones y u$s2.100 millones anuales hacia instrumentos de inversión locales.
El informe también analiza quiénes podrían captar esos flujos. Santander y Galicia concentran más de un cuarto del mercado local de Fondos Comunes de Inversión: juntas representan el 27,7% del total administrado.
En conjunto, las gestoras bancarias explican cerca del 67% de la industria. Sin embargo, el tamaño no será el único factor: las empresas evaluarán, sobre todo, cómo invierte cada administradora.
Qué es el FAL: claves para entender de qué va el nuevo instrumento creado con la reforma laboral
El FAL fue concebido como un esquema de capitalización mediante el cual los empleadores constituyen una cuenta destinada a cubrir indemnizaciones laborales.
El aporte mensual se calculará sobre la remuneración base SIPA. Para grandes empresas será del 1% y para pymes del 2,5%, aunque el Poder Ejecutivo podrá fijar porcentajes entre 1,5% y 3%, previa aprobación de la Comisión Bicameral.
Los recursos del FAL podrán utilizarse para casos de despido sin causa, preaviso e integración, incapacidad, fuerza mayor, quiebra, fallecimiento, mutuo acuerdo y contratos a plazo fijo, entre otros supuestos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.
