En la audiencia número 27 del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en Río Gallegos, el excapitán de navío Claudio Villamide amplió su declaración indagatoria y respondió cuestionamientos sobre su conducta como comandante de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia.
La ampliación de su declaración duró más de dos horas y fue conducida por sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo.
Villamide se refirió especialmente a tres asuntos reiterados en el debate: el ingreso de agua de mar detectado durante una patrulla en julio de 2017, las pruebas realizadas por el capitán de fragata Pedro Fernández sobre la válvula ECO-19 y la decisión de no ordenar permanecer en superficie tras el incidente del 14 de noviembre de 2017.
En relación con la filtración registrada en julio, dijo que al leer el informe de patrulla le llamó la atención que el agua hubiera llegado hasta el ventilador del tanque de baterías N° 3 de proa.
Por esa razón, relató, convocó al capitán Fernández a su despacho para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido y confirmar si la anomalía había sido verificada y resuelta.
Según Villamide, Fernández le aseguró que la situación estaba verificada y solucionada, y por ese motivo quedó conforme con la respuesta.
Como fundamento de su confianza, el excomandante explicó que conocía a Fernández desde fines de la década de 1990 y valoró su experiencia y trayectoria en la especialidad submarina.
También afirmó que, después de ese episodio de julio, la unidad continuó operando y no registró nuevos ingresos de agua por el sistema de ventilación.
Villamide citó el informe de patrulla para afirmar que la ventilación se normalizó y que en posteriores navegaciones, incluso en condiciones de mal tiempo, no se repitió el problema.
Respecto a las críticas que sostienen que debió iniciar una actuación disciplinaria, señaló que la convocatoria y el pedido de explicaciones entre comandantes constituye una exigencia y control profesional relevante.
El juicio oral pretende establecer si hubo responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
Villamide, separado de la Armada en 2021 tras un Consejo General de Guerra, está acusado junto al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío (RE) Héctor Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.
Los cuatro imputados enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.
El debate está en una etapa decisiva: esta es la última semana con audiencias antes del inicio de los alegatos, que, según el tribunal, comenzarán el 22 de junio.
Otro punto abordado en la ampliación fue la “prueba de compenso” realizada por Fernández en la patrulla de julio y su posible relación con la posición de la válvula ECO-19.
La ECO-19 es una válvula del sistema de ventilación que, según la documentación del proceso, debe permanecer cerrada en navegación y abrirse solo en puerto para la carga de baterías.
Según el informe de julio, la maniobra se intentó para generar recirculación de aire y poner a prueba los canisters de cal sodada que absorben CO2 durante inmersiones prolongadas.
Varios testigos dijeron en Río Gallegos que el manual indica que la ECO-19 debe estar cerrada en navegación y que nunca habían conocido una prueba semejante.
Villamide reconoció que la prueba llamó su atención pero sostuvo que la reglamentación permite al comandante realizar ensayos de ese tipo.
Agregó que el problema potencial no es la prueba en sí, sino dejar los mecanismos en condiciones incorrectas tras su realización.
El exoficial afirmó que la prueba se hizo “en condiciones de seguridad”.
Sobre la crítica por no haber ordenado permanecer en superficie tras el incidente del 14 de noviembre, Villamide apeló a la doctrina naval para defender que la decisión de seguridad corresponde de forma “absoluta” al comandante de la unidad.
Recordó que el Reglamento General del Servicio Naval establece que el comandante a bordo es quien mejor conoce las condiciones reales del buque y, por tanto, está en posición de decidir.
Insistió en que las decisiones tomadas en tiempo real por el comandante del buque no pueden juzgarse con la perspectiva posterior sin considerar la información y las variables manejadas en ese instante.
Villamide sostuvo que dar una orden remota podría haber introducido una variable adicional que condicionara la mejor decisión del comandante a bordo.
Por ese motivo explicó que envió un mensaje al submarino a la 01:31 del 15 de noviembre instruyendo cancelar la patrulla y volver a Mar del Plata “en superficie o inmersión según factibilidad”.
También se refirió a la comunicación satelital mantenida con Fernández en la madrugada previa a la implosión del submarino, que fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad.
Contó que Fernández le informó que ya había ventilado el buque y que tenía previsto volver a inmersión; Villamide aseguró que nadie volvería a inmersión con arcos voltaicos o humo a bordo.
Al finalizar su exposición dijo estar disponible para responder preguntas de las partes antes de concluir su indagatoria.
La fiscal María Garmendia Orueta informó que el Ministerio Público no tenía preguntas; intervinieron el querellante Luis Tagliapietra, padre de un tripulante, y los jueces del tribunal encabezados por Mario Reynaldi.
En su intervención final, Villamide recordó un antecedente naval de 2010 sobre seguridad en la Fuerza de Submarinos, relacionado con el ARA Santa Cruz y la decisión de limitar inmersiones por problemas en las baterías.
Relató que el entonces comandante de la Fuerza evaluó la situación embarcando en la unidad y que se decidió que el submarino no volviera a inmersión hasta ser reparado por completo.
Reveló que el comandante que planteó la advertencia en ese caso fue él mismo cuando era jefe del buque, y dijo que esa medida mostró su compromiso con la seguridad.
Para concluir, defendió la profesionalidad de los submarinistas y rechazó que actuaran con imprudencia, subrayando que la seguridad no se toma “a la ligera” en la Fuerza.
