El Gobierno derogó 58 normas relacionadas con el comercio interior, entre ellas disposiciones vinculadas a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, y las obligaciones que exigían a colegios privados notificar con anticipación sus aranceles.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
Según el Ejecutivo, las derogaciones buscan clarificar el marco legal y facilitar la interpretación de las normas estatales, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica.
En los considerandos oficiales se indicó que varias de las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el funcionamiento del mercado.
Entre las normas dadas de baja figuran 22 disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención en la cadena triguera cuya vigencia fue considerada concluida tras la revocación del contrato y la liquidación del fideicomiso correspondiente.
El Gobierno explicó que, una vez revocado el contrato y liquidado el fideicomiso del FETA, la normativa complementaria y reglamentaria asociada quedó sin objeto ni sustento legal.
También se eliminaron definitivamente 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, y una disposición accesoria al programa Precios Cuidados, al no haberse dispuesto su prórroga.
En el texto oficial se sostuvo que la no renovación de estos programas forma parte de un proceso de normalización del mercado de crédito, orientado a restablecer las señales de precio y eliminar distorsiones en la asignación de capital.
Además, se derogaron cuatro normas que obligaban a instituciones educativas privadas a anticipar y oficializar sus aumentos de aranceles; el Gobierno consideró que esa exigencia incentivaba fijaciones preventivas de precios y limitaba la capacidad de adaptación de los colegios a las condiciones económicas.
Se dejó sin efecto una norma que superponía mecanismos de atención para adolescentes consumidores, con el argumento de que su eliminación concentra los reclamos en un canal especializado que permite una respuesta más ágil y eficiente.
Enfatizando la continuidad del proceso desregulatorio, el Ejecutivo señaló que desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes lleva a cabo una revisión integral de la normativa vigente para simplificar el entramado regulatorio. Hasta la fecha, indicó, se han derogado 240 normas con el objetivo de facilitar el comercio, reducir la burocracia y aumentar la transparencia en el mercado.
