La ex titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho agravado. Velázquez había sido apartada de su cargo en 2017 tras diversas acusaciones, entre ellas la supuesta intermediación en la cesión de bebés.
El Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro dictó la pena, pero Velázquez obtuvo libertad condicional porque se computó el tiempo que permaneció detenida tras su detención en España y posterior extradición. La condena se extiende hasta julio de 2028 y la inhabilitación para ejercer funciones públicas hasta 2031.
Según la resolución, la sentencia se alcanzó mediante un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en el que la acusada admitió el delito de “cohecho agravado por su condición de funcionaria pública”. La investigación determinó que ofreció dinero a dos funcionarias para influir en actuaciones vinculadas a procesos de adopción; el tribunal consideró que el delito se configuró con el mero ofrecimiento, aunque las receptoras rechazaran el soborno y la maniobra no llegara a concretarse.
Los antecedentes del caso se remontan a 2016–2017, cuando Velázquez fue suspendida y luego apartada del fuero de familia que dirigía desde su creación. Entre las acusaciones que motivaron su expulsión figuran el fechado falso de sentencias, acoso laboral, la firma irregular de más de 600 expedientes por auxiliares durante sus ausencias (muchas sin autorización de la Corte) y la presunta intermediación en la cesión de bebés a cambio de dinero.
Investigaciones periodísticas y el expediente de destitución consignaron que Velázquez habría enviado a trabajadoras sociales a recorrer barrios vulnerables de Pilar para contactar a mujeres embarazadas en situación de necesidad, con el objetivo de convencerlas de entregar a sus hijos en adopción. Paralelamente, se habría recibido dinero para tramitar y falsear documentación de adopciones y favorecer a determinadas familias postulantes.
En el expediente de destitución se relata que, a principios de 2011, la magistrada convocó a trabajadoras sociales y les propuso realizar ese “trabajo extra” fuera del horario del tribunal, consistente en buscar embarazadas en barrios pobres para facilitar adopciones y recibir pagos por esos hallazgos. Esas declaraciones y otros testimonios formaron parte de la instrucción administrativa y penal.
A principios de 2024 el juez Nicolás Ceballos ordenó su detención después de que el fiscal José Amallo solicitara la captura al no poder notificarla en su domicilio de Acassuso; Migraciones había registrado su salida del país con destino a Londres, lo que motivó un alerta internacional. Velázquez fue aprehendida en julio de 2024 en el aeropuerto de Barajas por agentes de Interpol y posteriormente extraditada. La investigación penal, que inicialmente incluyó delitos como falsificación de instrumentos públicos y cohecho, sigue abierta en otros tramos distintos al que ya fue condenado.
