¿Quién detenta el poder real en el mundo contemporáneo? Para Ariel Goldstein, muchas decisiones que afectan a millones de personas ya no se resuelven únicamente en parlamentos o gobiernos, sino en manos de una élite reducida de multimillonarios tecnológicos que concentra riqueza, información, infraestructura y capacidad de intervención global. Figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jensen Huang o Alex Karp no solo dirigen algunas de las empresas más influyentes: también inciden en la política, la economía, la circulación de la información y el desarrollo de tecnologías que transforman la vida cotidiana. En La nueva oligarquía tecnológica (Marea), Goldstein examina el ascenso de este nuevo régimen de poder que trasciende fronteras nacionales y los mecanismos tradicionales de representación democrática.
El autor propone una tipología —arquitectos, administradores, operadores y traductores— para identificar a los distintos actores de este régimen y muestra cómo se articulan para consolidar una forma de dominación basada en la combinación de capital, tecnología e influencia política a escala global. El análisis no se limita a describir el fenómeno: también explora posibles alternativas y los espacios de acción disponibles para quienes quieren imaginar otro futuro.
A continuación, ofrecemos un fragmento del libro.
La izquierda desarmada ante el siglo XXI
Durante buena parte del siglo XX, las infraestructuras clave para la vida social —energía, transporte, comunicaciones o defensa— estuvieron en gran medida bajo la órbita del Estado. En el siglo XXI se observa un desplazamiento: infraestructuras críticas como las plataformas digitales, la inteligencia artificial, las redes de datos y los sistemas de comunicación global pasan progresivamente a manos de corporaciones tecnológicas. Esto cambia la naturaleza misma de la dominación: a diferencia de las entidades estatales, esas infraestructuras privadas no son elegidas, rinden cuentas de forma limitada y operan a escala transnacional, con frecuencia fuera del alcance de las capacidades regulatorias de los Estados nacionales. En ese contexto, la democracia puede mantenerse formalmente, pero el centro efectivo del poder tiende a trasladarse a ámbitos parcialmente fuera de su control.
La derecha tecnopolítica no persigue tanto destruir el Estado como reconfigurar la soberanía, desplazando el centro de decisión desde la ciudadanía hacia infraestructuras tecnológicas controladas por una élite empresarial. No se trata de abolir la democracia formal, sino de vaciarla: trasladar decisiones a capas técnicas que no se someten al voto ni a la deliberación pública.
Este desplazamiento representa un cambio de escala del poder. Mientras que en el siglo XX la soberanía se organizaba en torno al Estado-nación como espacio de regulación, redistribución y conflicto social —donde el capitalismo podía enfrentarse mediante parlamentos, partidos, sindicatos o sistemas fiscales—, hoy esa capacidad se ve erosionada por la centralidad de infraestructuras tecnológicas transnacionales que reconfiguran las condiciones mismas de la acción política.
En la globalización digital, el poder se ha desplazado hacia actores no estatales que operan en una escala transnacional e infraestructural: plataformas, redes de datos, sistemas de cómputo, finanzas algorítmicas, criptomonedas, think tanks tecnológicos y alianzas geopolíticas articuladas por capital digital. La soberanía ya no reside principalmente en la posibilidad de dictar leyes dentro de un territorio, sino en el control de las arquitecturas técnicas que organizan flujos de información, dinero y afectos.
Muchas corrientes de izquierda del inicio del siglo XXI construyeron su identidad política alrededor del Estado como instrumento de emancipación: desarrollo, redistribución, justicia social y ampliación de derechos. Esa estrategia fue efectiva cuando la centralidad institucional coincidía con la escala del poder económico dominante. Hoy esa coincidencia se ha roto: el poder se ha reconfigurado alrededor de infraestructuras globales privadas, mientras que numerosas fuerzas progresistas siguen operando con categorías, herramientas y horizontes diseñados para un capitalismo territorial.
El resultado no es sólo una derrota electoral o coyuntural, sino un desajuste estructural. La crítica moral al neoliberalismo o al autoritarismo resulta insuficiente cuando el núcleo del poder reside en arquitecturas técnicas que no dependen directamente del consenso ciudadano. La disputa ya no es solamente por el control del gobierno, sino por la capacidad de intervenir en sistemas que median la comunicación social, la producción de conocimiento, la organización del trabajo y la circulación del capital.
La derecha radical comprendió antes que otros este desplazamiento. Supo articular malestar social con ecosistemas digitales, movilización afectiva y redes infraestructurales que amplifican conflicto y polarización. No se limitó a competir dentro de las reglas institucionales preexistentes: operó sobre las condiciones mismas de visibilidad, reputación y circulación del discurso. Esa inserción funcional en el régimen tecnopolítico explica parte de su eficacia.
La izquierda, por su parte, enfrenta una tarea más compleja: reconstruir límites democráticos en un entorno donde el poder excede las fronteras estatales y se ejerce mediante dispositivos técnicos opacos. No basta con regular desde un solo país ni con apelar a principios normativos abstractos. La escala del poder exige una escala equivalente de coordinación democrática.
La crisis actual no es sólo una crisis de representación, sino una crisis de soberanía cognitiva y tecnológica. Cuando la inteligencia colectiva depende de infraestructuras privadas, la autonomía ciudadana se reduce. La democracia liberal fue concebida para individuos que deliberaban en espacios relativamente públicos; el régimen tecnopolítico organiza la deliberación y el pensamiento mediante plataformas cuyo diseño responde a lógicas corporativas.
Por eso el desafío del siglo XXI no consiste en restaurar el pasado ni en preservar mecánicamente instituciones heredadas, sino en reintegrar el poder infraestructural dentro de marcos democráticos efectivos. Si el poder se ha desplazado hacia sistemas globales, la democracia deberá encontrar instrumentos para operar a esa misma escala. De lo contrario, la política se limitará a gestionar efectos locales de decisiones tomadas en otros niveles.
La izquierda no está desarmada por falta de convicción moral, sino por un desajuste estructural frente a un régimen cuyo núcleo ya no es exclusivamente estatal. Reconstruir capacidad democrática implica comprender la nueva división funcional del poder, intervenir en sus infraestructuras y restablecer límites allí donde hoy predomina la autonomía oligárquica. Sin esa actualización estratégica, la democracia corre el riesgo de convertirse en una forma vacía que sobrevive institucionalmente mientras el poder real opera en otra dimensión.
La expansión de los modelos de lenguaje automatizado introduce una ambivalencia que complica este diagnóstico. Estas tecnologías consolidan la privatización de la infraestructura cognitiva, pero al mismo tiempo amplían la capacidad de procesamiento, análisis y producción discursiva de personas y colectivos. Nunca antes fue tan accesible para amplios sectores la posibilidad de sintetizar información compleja, generar argumentos, producir contenidos e intervenir en debates públicos con herramientas de alto nivel técnico.
La cuestión decisiva no es si la inteligencia artificial debilita o fortalece la democracia en abstracto, sino bajo qué condiciones institucionales y políticas opera. Cuando la infraestructura permanece concentrada, la ampliación cognitiva individual coexiste con una dependencia estructural. Pero esa misma ampliación introduce una variable disruptiva: multiplica actores capaces de disputar narrativas, revelar asimetrías y cuestionar monopolios simbólicos.
El conflicto emergente no es entre la IA y la humanidad, sino entre infraestructuras privadas concentradas y usos democráticos de la ampliación cognitiva. Si el régimen tecnopolítico reorganiza el poder mediante sistemas algorítmicos, la respuesta no puede consistir en rechazarlos de plano, sino en intervenir en su diseño, regulación y apropiación social. La autonomía ya no se define como pensamiento aislado, sino como capacidad de operar críticamente dentro de infraestructuras técnicas.
Qué hacer: reconstruir límites a la altura del poder
El rasgo definitorio del régimen tecnooligárquico no es tanto su ideología como la ausencia de límites efectivos. Las élites digitales no operan fuera del Estado: lo atraviesan, lo capturan y lo reconfiguran desde infraestructuras que exceden jurisdicciones territoriales. Por eso el problema central no es moral, sino estructural: cómo reinstaurar contrapesos en un sistema donde el poder circula a una escala que las democracias nacionales ya no controlan.
La democracia liberal fue diseñada para ciudadanos que deliberaban en espacios públicos relativamente delimitados. La IA introduce una transformación inédita: millones de personas amplían su autonomía cognitiva mediante modelos de lenguaje y sistemas automatizados que pertenecen a corporaciones privadas. La soberanía cognitiva se vuelve infraestructural y privatizada. El conflicto emergente no es entre tecnología y humanidad, sino entre infraestructuras privadas globales y sociedades que buscan gobernarse democráticamente.
Si el poder se ejerce hoy a través de datos, algoritmos, plataformas financieras y redes de capital transnacional, los límites también deben operarse a esa escala. Ningún Estado aislado puede disciplinar a corporaciones con alcance planetario. De ahí la necesidad de una arquitectura democrática supranacional capaz de coordinar regulación tecnológica, supervisión financiera, control antimonopólico y redistribución fiscal a nivel global. La democracia solo sobrevivirá si escala hasta el nivel en el que opera el poder.
Esto implica más que regular empresas: supone disputar la orientación misma de la inteligencia artificial y de la infraestructura digital. Los modelos de lenguaje automatizado no son, por sí mismos, instrumentos de dominación: pueden convertirse en herramientas para el pensamiento crítico, la fiscalización del capital, la transparencia estatal y la coordinación democrática transnacional. La cuestión clave es bajo qué régimen de propiedad, supervisión y finalidad operan esas tecnologías.
Frente a la tríada formada por tecnología, finanzas y poder militar que estructura el capitalismo contemporáneo, la tarea no consiste en vigilar más a la ciudadanía, sino en vigilar al capital. Si el siglo XX construyó contrapesos mediante sindicatos de masas, partidos populares y bloques geopolíticos enfrentados, el siglo XXI exige contrapesos infraestructurales: regulación coordinada, interoperabilidad pública de datos estratégicos, límites antimonopólicos efectivos y mecanismos globales de control sobre los flujos financieros y tecnológicos.
El tecnolibertarismo no necesita abolir la democracia: le basta con volverla irrelevante, desplazando el centro efectivo de decisión hacia sistemas que no elegimos y que no controlamos. Cuando los algoritmos determinan qué vemos, los mercados financieros condicionan políticas en tiempo real y las plataformas privadas organizan la deliberación pública, el poder ya no reside exclusivamente en quienes ocupan cargos electivos. En ese escenario, es esencial recuperar la capacidad efectiva de decidir, ordenar la información y condicionar las opciones disponibles. La cuestión decisiva del siglo XXI no será sólo quién gobierna, sino qué infraestructuras concentran el poder real.
[Fotos: prensa Marea Editorial; Europa Press; Reuters/ Kim Kyung-Hoon/ Archivo]
