Un chat forma parte del expediente que investiga a las clínicas Fecundart y Nascentis, que ofrecen tratamientos de fertilidad y están bajo la órbita de la Justicia federal en Córdoba.
Según la acusación, en la causa se describe que mujeres jóvenes y en situación de pobreza fueron reclutadas para gestar bebés que luego serían entregados a parejas argentinas a cambio de dinero, en montos que iban desde 10.000 hasta 18.000 dólares. Muchas de las mujeres señaladas ya eran madres.
En el chat objeto de la causa se habría detallado la oferta económica como si fuera un paquete: un total de 18.200 dólares, con pagos mensuales de 350 dólares y 12.000 dólares al momento del parto. También se mencionaban bonos por “seriedad y puntualidad” de 2.000 dólares y otros 300 dólares para ropa. Los mensajes contienen una propuesta económica que, según la investigación, ignora que hay una persona gestante de por medio.
En otras conversaciones se exhibía un esquema similar: un bono final de 5.000 dólares y la entrega de un iPhone13 “a partir del momento en que quedás embarazada”.
Un aspecto relevante es el marco legal: en Argentina la subrogación de vientres no está tipificada como delito, y tampoco existe una regulación que la prohíba de forma absoluta, a diferencia de países como Ucrania o Estados Unidos, donde los costos pueden ser muy superiores a los registrados en Córdoba.
No obstante, la fiscalía sostiene que podría configurarse un delito distinto: para tres fiscales, las mujeres habrían sido captadas y explotadas por su situación de vulnerabilidad, lo que constituiría un caso de trata de personas.
En mayo, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó por trata agravada —por abuso de una situación de vulnerabilidad— al cirujano José Antonio Pérez Alzaa, de 66 años, socio y director de Grupo Fecundart en el momento de los hechos, y a Paula Mariana Liendo, de 52 años, su cuñada y ex monotributista que se desempeñaba como administradora. En el expediente de Fecundart se identificaron dos mujeres como víctimas.
El abogado Nicolás Enrique Gigena, vinculado a la clínica Nascentis, fue procesado relacionadas con cinco víctimas. Se le imputan los delitos de trata agravada y tentativa de falsedad ideológica (falsedad en documentos públicos).
El juez también dictó un embargo global cuyo monto supera los mil millones de pesos.
La investigación, conducida por el fiscal federal Enrique Senestrari, el fiscal general Carlos Gonella y la PROTEX —con la intervención del fiscal Alejandro Mangano— estableció roles y describió el mecanismo que, según la acusación, habrían utilizado en Fecundart, ubicada en el barrio Nueva Córdoba, para identificar y seleccionar a las mujeres gestantes.
Según el expediente, la clínica habría establecido en muchos casos un primer contacto a través de supuestas “donaciones de óvulos”, lo que permitía conocer la identidad y la situación de las mujeres. La misma práctica se atribuye, de manera similar, a la clínica Nascentis.
La imputación por falsedad ideológica contra Gigena se centra en documentos relativos a los bebés y en acuerdos firmados entre las madres gestantes y las parejas contratantes que debían ser homologados por la Justicia de familia. En esos acuerdos, según el juez, Gigena habría sostenido la existencia de una amistad entre las partes y un propósito altruista de la gestante, elementos que la investigación considera falsos.
Entre la documentación incautada al abogado había un archivo titulado “Acuerdo Privado Entre Partes – De fecha Voluntad Procreacional – Compensación Económica”, fechado el 2 de febrero de 2022, en el que los padres intencionales se comprometían a pagar a la gestante una compensación económica de diez mil dólares.
Según el procesamiento, el procedimiento administrativo y judicial mostró diferentes respuestas: en un caso una solicitud fue rechazada por haberse presentado cuando la mujer había parido apenas 45 días antes; en otro, la Justicia de familia detectó una situación de vulnerabilidad y no autorizó el trámite. En un tercer expediente el trámite no avanzó porque la causa federal ya había tomado impulso.
Ese resumen describe la investigación en términos generales. Paralelamente, la parte privada del conflicto aparece en los chats que, según la acusación, utilizó Gigena para captar y asegurar a las mujeres involucradas.
En una conversación atribuida al abogado, por ejemplo, éste le solicita a una de las presuntas víctimas varias fotos “para los padres intencionales”, incluyendo “alguna foto con tu hija”. La mujer aclara que mandará una imagen más sencilla; la respuesta del letrado fue: “Jaja, sí, más tranqui”.
Los informes ambientales —las inspecciones domiciliarias— fueron elementos importantes para la investigación: incluyeron imágenes de las viviendas, datos sobre los ingresos y la organización familiar de las mujeres con sus hijos.
La chica que quería escribir
Entre las personas incluidas en la acusación figura una joven de la periferia de Córdoba, de 26 años, madre y beneficiaria de programas sociales. Vivía en un barrio de viviendas bajas con techos de chapa, que en algunos sectores estaban lastrados con piedras. Al momento de la investigación percibía la Asignación Universal por Hijo y contaba con la tarjeta Alimentar; su ex pareja le aportaba alrededor de 40.000 pesos al mes. Había vendido óvulos en la clínica Nascentis en cinco oportunidades, lo que le permitió construir una pequeña vivienda donde cocinaba con un anafe eléctrico.
Compartía el espacio con su madre, su hermana mayor y su hija, y disponían de una única canilla exterior. Declaró que reparaba celulares, que le gustaba escribir y que tenía la intención de terminar la escuela secundaria. Fue derivada al abogado por otra donante de ovocitos vinculada a Nascentis; el 2 de mayo de 2023 Gigena la citó en su estudio y cinco meses después la mujer le reclamó el depósito del dinero acordado.
En noviembre de ese año informó al abogado que tenía un embarazo de un mes y una semana. Ese embarazo estaba destinado, según la causa, a una mujer con recursos que había padecido un cáncer de útero.
La joven finalmente decidió no continuar con el acuerdo por “problemas con el papá de mi nena”. El abogado la visitó para intentar revertir la decisión y, según el procesamiento, le preguntó por qué retrocedía si ya se habían firmado los documentos. La mujer respondió que no tenía ni 200 pesos para pagar un pasaje.
Según el expediente, la joven figura hoy con antecedentes de mora en sistemas de crédito, con deudas por préstamos de montos inferiores a 200.000 pesos. El procesamiento no deja claro si llevó adelante el embarazo hasta el final. En noviembre de 2023 Gigena había presentado un acuerdo en la Justicia de familia; el juez señaló que la presunta víctima decidió no continuar con el trámite y que el expediente administrativo fue suspendido.
La imputación inicial en la causa incluía a más personas. El juez Sánchez Freytes sobreseyó a varios sospechosos, entre ellos autoridades médicas de las clínicas, y en algunos expedientes otras imputaciones como las contra Gigena fueron igualmente sobreseídas respecto de determinadas presuntas víctimas.
