Palantir, la empresa de minería de datos vinculada a Peter Thiel, sufrió el viernes una derrota en el tribunal comercial de Zúrich, Suiza. El fallo forma parte de una serie de conflictos que enfrenta la compañía en Europa alrededor de la soberanía de datos y el control de grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
El caso fue descrito por el Financial Times como un ejemplo del llamado “efecto Streisand”: una acción legal destinada a limitar la difusión de información que termina atrayendo mayor atención pública hacia esa misma información.
El tribunal suizo rechazó 22 de las 23 solicitudes de rectificación que Palantir y su filial presentaron contra el medio suizo Republik, que había publicado investigaciones sobre rechazos de ofertas de la empresa por parte del gobierno helvético. Solo una de las afirmaciones impugnadas —sobre el origen de la plataforma Foundry y su supuesto uso en operaciones militares— fue considerada susceptible de respuesta obligatoria.
Palantir no reclamó indemnizaciones ni denuncias por injurias, sino que buscó el derecho de réplica frente a lo que calificó de informaciones inexactas. La justicia estimó que la mayoría de los pasajes objetados eran interpretaciones o juicios de valor, y no afirmaciones fácticas que pudieran corregirse legalmente. El tribunal cargó a la empresa con el 95% de los costos del proceso, incluido el pago de casi 10.000 francos suizos en gastos legales al medio.
Este fallo se suma a otros desafíos en Europa, donde gobiernos y organismos buscan reducir la dependencia de proveedores estadounidenses en áreas estratégicas y de seguridad. En el Reino Unido, un contrato con el Servicio Nacional de Salud valorado en cerca de 450 millones de dólares está en disputa, y el alcalde de Londres vetó un acuerdo con la policía metropolitana. Las fuerzas armadas de Alemania y autoridades de Dinamarca y Países Bajos también han limitado la participación de Palantir en sectores sensibles.
El “efecto Streisand” derivado del litigio renovó el interés por las investigaciones de Republik, que se sustentan en documentos suizos que expresan reservas sobre la adopción del software de Palantir en funciones clave de la administración pública.
Thiel, de Silicon Valley a Buenos Aires
El caso en Suiza coincide con una etapa de redefinición pública de Peter Thiel, quien se instaló recientemente en Buenos Aires y ha mostrado afinidad con el gobierno libertario de Javier Milei. Medios como The New York Times y el Financial Times han señalado que su mudanza puede responder tanto a razones fiscales como a la percepción de Argentina como un refugio ante posibles conflictos globales.
Thiel ha manifestado en diversas ocasiones que el exceso de regulaciones frena la innovación tecnológica; en declaraciones previas llegó a usar comparaciones polémicas para criticar la regulación. Al mismo tiempo, en el debate público aparecen voces que advierten sobre los riesgos de una IA fuera de control y sobre la necesidad de normas claras.
Al igual que Milei, Thiel se identifica con el libertarismo. En un ensayo de 2009 sostuvo que, según su visión, “democracia y libertad ya no son compatibles”, una postura que ha informado parte de su discurso público sobre el papel del Estado y la tecnología.
Polémicas en torno a la IA
Thiel es un actor relevante en los debates sobre el alcance y los límites de la innovación tecnológica. En Argentina se generó controversia por la propuesta del gobierno de otorgar personería jurídica a empresas de inteligencia artificial sin participación humana, incluida en el proyecto de Ley de Sociedades y vinculada a trabajos de especialistas locales.
El historiador Yuval Noah Harari respondió en el Financial Times advirtiendo que conceder ese estatus a entidades no humanas podría abrir riesgos inéditos, al permitir que modelos de IA accedan a sistemas financieros, económicos y políticos sin responsabilidad directa de personas físicas.
Harari señaló que sanciones diseñadas para personas —como la prisión— serían ineficaces frente a sistemas sin motivaciones biológicas y advirtió sobre estudios que muestran capacidad de las IA para engañar. Alertó, además, sobre la posibilidad de que corporaciones basadas en IA exploten vacíos legales para participar en comercio internacional, contratar personal o financiar campañas políticas sin exposición personal.
El columnista James Bosworth también criticó la propuesta presidencial, advirtiendo sobre los riesgos de una desregulación acelerada, y la contrapuso a la postura más cautelosa de empresas como Anthropic, que abogan por frenar ciertos desarrollos para gestionar mejor los riesgos.
La respuesta de Milei fue rápida y conciliadora: agradeció la atención de Harari y prometió una respuesta detallada para despejar inquietudes, señalando que el país está ante el inicio de una nueva era tecnológica.
Thiel no se ha pronunciado públicamente sobre ese intercambio, aunque su historial y el manifiesto difundido por Palantir indican una preferencia por reducir la intervención estatal y ampliar espacios para la innovación disruptiva.
Milei se define como “tecno‐optimista”. En su libro De cero a uno, Thiel describe la tecnología como la capacidad humana para generar cambios extraordinarios, una idea que ha repetido en distintos formatos dirigidos a emprendedores y estudiantes.
Palantir publicó un manifiesto sobre el futuro de la tecnología, la seguridad y la economía occidental en el que reivindica el uso del software como componente de poder estratégico y critica la neutralidad tecnológica por considerarla potencialmente ventajosa para rivales como China. En ese documento se sostiene que “una nueva era de disuasión construida sobre la IA está por comenzar”.
En suma, el fallo en Suiza evidencia los obstáculos legales y políticos que enfrentan empresas como Palantir al intentar consolidar su presencia y moldear el marco institucional en el que operan.
