Una vecina de 25 años retira dinero de la cuenta de un hombre jubilado de 78 y lo deja sin recursos para comprar comida o medicinas. Una cuidadora ignora sistemáticamente a una mujer de 87 cada vez que pide atención médica. Un hijo le dice con frecuencia a su padre de 95 que es “una carga” y lo insulta.
Situaciones similares se repiten con frecuencia en hogares, residencias y comunidades de todo el mundo: más de 1 de cada 4 personas mayores sufre algún tipo de abuso, según un metaanálisis de 94 estudios en 35 países publicado en la revista BMC Public Health. Esa cifra probablemente subestima la magnitud real, pues el miedo, la dependencia y el estigma dificultan la denuncia.
Hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Organización de las Naciones Unidas eligió para este año el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”.
El mensaje es claro: sensibilizar no alcanza; hacen falta medidas concretas de prevención, respuesta y protección.
Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato en la vejez es cualquier acto único o repetido —o la omisión de una acción apropiada— en el marco de una relación de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. Puede ocurrir en el hogar, en una residencia o en la comunidad y, en la mayoría de los casos, lo comete alguien cercano.
La psicóloga Alejandra Vázquez, especialista en violencias contra adultos mayores y docente en posgrados sobre gerontología y violencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que el abuso hacia las personas mayores “no es un asunto privado ni individual, sino una vulneración de derechos humanos” y que por ello no se puede ser indiferente.
Cuando aparecen señales de que una persona mayor puede estar siendo maltratada, vecinos, médicos, amigos y familiares “no deben minimizar la situación ni considerarla parte de conflictos cotidianos. El abuso es un delito y debe denunciarse”, señaló Vázquez.
Además, remarcó la importancia de escuchar a la persona mayor con respeto y sin juzgar, evitando presionarla, ya que con frecuencia existe miedo, vergüenza y dependencia emocional o económica respecto del agresor.
La intervención temprana es fundamental porque las consecuencias del maltrato afectan gravemente la salud física, emocional, social y económica de las personas mayores.
Qué formas toma el abuso y cuánto ocurre
La revisión publicada en BMC Public Health, que analizó datos de 776.044 personas, identificó seis tipos de maltrato. El más común es el abuso emocional o psicológico —insultos, humillaciones, amenazas— con una prevalencia del 20,9%.
Le siguen la negligencia (falta de alimentación, atención médica o protección) con 19,3% y la explotación financiera (uso indebido de dinero o bienes) con 11,7%. El abuso verbal alcanza el 11%, el físico el 7,9% y el sexual el 1,5%, aunque este último suele estar subregistrado por estigma y temor a denunciar.
Las mujeres presentan tasas de abuso mayores que los hombres. Los entornos institucionales, como residencias de larga estadía, muestran prevalencias algo superiores a las del hogar, en parte por la falta de personal capacitado y por los desequilibrios de poder entre cuidadores y residentes, según las universidades que participaron en el estudio (Australia y Etiopía).
Señales concretas que no deben ignorarse
Reconocer el maltrato a tiempo puede marcar una diferencia. La Unidad de Prevención del Abuso a Personas Mayores de Australia identifica señales en distintos ámbitos.
En lo emocional: tristeza persistente, miedo, apatía, alteraciones del sueño, reticencia a hablar libremente o resignación ante circunstancias claramente injustas. En lo financiero: facturas sin pagar, movimientos extraños en cuentas, retiros frecuentes acompañados, cambios súbitos en testamentos o poderes, incapacidad para costear lo básico. En lo físico: moretones o heridas inexplicables, pérdida de peso rápida, lesiones sin tratar, mala higiene o signos de sedación inadecuada. En el entorno: vivienda en mal estado, imposibilidad de salir o recibir visitas, y que otra persona tome todas las decisiones.
Para 2050, la población mundial de personas mayores de 60 años llegará a 2.100 millones, el doble de la actual. La ONU advirtió que, sin políticas de prevención específicas, el número de víctimas de abuso crecerá al mismo ritmo que el envejecimiento poblacional.
Las normas que los protegen
En América Latina existen marcos legales y una conciencia creciente sobre el maltrato a las personas mayores. La abogada e investigadora Isolina Dabove, doctora en derechos humanos y principal investigadora del Conicet en derecho de la vejez, destacó la existencia de instrumentos jurídicos específicos en la región.
Un ejemplo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2015. La Convención, con 14 ratificaciones en América y rango constitucional en la Argentina, reconoce el derecho de las personas mayores a una vida libre de violencia, trato digno y respeto sin distinciones.
El instrumento define la violencia contra la persona mayor como cualquier conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, en ámbitos públicos o privados, e incluye abuso financiero, explotación laboral, abandono y negligencia.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas legislativas y administrativas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, así como a fortalecer mecanismos de denuncia y garantizar reparación a las víctimas.
“Todas las personas que conocen un hecho de abuso, maltrato o violencia hacia una persona mayor están legitimadas para denunciarlo ante la autoridad de control más cercana”, explicó Dabove. En Argentina, la denuncia puede hacerse en la comisaría del barrio, la fiscalía de turno o un juzgado.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina no solo recibe denuncias, sino que gestiona dispositivos legales para detener el abuso rápidamente.
Al presentar una denuncia se pueden aportar registros, fotos o videos para facilitar la investigación. La Justicia puede ordenar medidas como dispositivos de alerta, prohibiciones de acercamiento o contacto, y la exclusión del agresor del hogar.
En la Ciudad de Buenos Aires, el programa Proteger, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, brinda asistencia psicológica, legal y social; su línea es 0800-222-4567.
Quien advierta o sufra una situación de abuso no está solo: existen herramientas legales, instituciones y profesionales preparados para intervenir y proteger a la persona mayor.
