La Justicia ordenó este miércoles nuevas medidas para verificar la coartada relacionada con criptomonedas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe que detalle todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales y otros intermediarios que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que, según sus declaraciones, Adorni comenzara a comprar y vender Bitcoin.
El pedido busca identificar qué entidades intervenían en ese mercado incipiente en la época en la que Adorni afirmó haber invertido 200.000 dólares y obtenido una ganancia de 300.000 dólares.
Un relevamiento del ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina aporta contexto: según su estudio, en 2014 sólo el 0,48% de las más de 3 millones de billeteras con Bitcoin en el mundo habían realizado inversiones de 56.000 dólares o más.
Pollicita, que cuenta en su equipo con un experto en criptomonedas, también pidió a la CNV los antecedentes regulatorios sobre activos virtuales y que aclare si desde 2012 existía algún “registro formal de prestadores” de servicios cripto, informaron fuentes judiciales a Infobae.
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público prepara un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la fecha, utilizando fuentes abiertas.
Profundizan la investigación patrimonial
Según fuentes judiciales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas del lote 380 del country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una casa de fin de semana.
Con esos datos, la pesquisa pretende reconstruir aspectos patrimoniales vinculados a las reformas realizadas en ese inmueble; las fuentes aclararon que no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a ese propósito.
El contratista a cargo de la remodelación, Matías Tabar, declaró haber cobrado 245.000 dólares y dijo haber actuado como intermediario en otras compras para Adorni, recibiendo efectivo y gestionando adquisiciones a pedido del funcionario.
Un peritaje al celular del contratista habría detectado la gestión de una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. Según una fuente judicial, la compra se realizó “en el lugar más caro”; la factura, a nombre de una tercera persona, está fechada el 2 de junio de 2025.
Para descartar o confirmar si Adorni estuvo vinculado a esa compra, el fiscal envió un oficio a la empresa solicitando toda la información disponible para identificar al destinatario final.
Los investigadores también procuran corroborar la versión de que la madre de Adorni, Silvia Pais, se habría mudado al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui.
Si se confirma su residencia allí, la administración del country tendrá 72 horas para informar a la Justicia desde cuándo vive en el predio, si es propietaria o inquilina y, en su caso, el monto de expensas y alquiler.
Además, Pollicita pidió certificar las actuaciones de la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al hermano de Adorni, el diputado bonaerense Francisco Adorni (La Libertad Avanza). El trámite debe responderlo el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.
El fiscal requirió que se informe sobre cualquier referencia a bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de su padre, Jorge Adorni, o cualquier otro dato que pudiera vincularse con el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
La investigación continúa en desarrollo.
