En medio de las negociaciones y de la presión del gobernador Axel Kicillof para que la Legislatura bonaerense autorice un endeudamiento, el PRO de la Provincia resolvió no acompañar el pedido oficial.
El proyecto contempla contraer una deuda de hasta USD 3.685 millones, mediante la emisión de Letras del Tesoro y cuatro líneas de financiamiento: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, una destinada a AUBASA y una para Buenos Aires Energía, la distribuidora con centrales en General Madariaga, Mar del Plata, Necochea y Mar de Ajó.
A pesar de que en los últimos días la oposición había mostrado mayor predisposición a habilitar el tratamiento, el PRO bonaerense comunicó que no acompañará la iniciativa. La decisión se conoció tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli —referente del partido en la Provincia— y Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense.
La sesión está prevista para este miércoles. Para salir a tomar deuda, el Ejecutivo necesita el respaldo de dos tercios de la Legislatura bonaerense. Por ahora, el peronismo no dispone de los votos suficientes, por las presiones de la oposición y por tensiones internas en el propio partido.
La semana pasada hubo un intento de sesión que fracasó por falta de quórum. El conflicto se concentró en el fondo para los municipios: la discusión no fue tanto sobre la disponibilidad de recursos, que el Ejecutivo asegura, sino sobre la exigencia opositora de que el monto sea fijo y se efectivice con rapidez.
Ante esa demanda, el gobernador se reunió el lunes con intendentes y aseguró que estarán garantizados $250.000 millones para distribuir entre los 135 municipios.
Con la negativa del PRO, la ley podría no aprobarse antes del 10 de diciembre, fecha que el peronismo local había fijado como objetivo, ya que a partir de ese día cambiará la conformación legislativa y LLA pasará a ser la segunda minoría en Diputados y la primera en el Senado.
Hace unos días Kicillof volvió a reclamar la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial y afirmó que “no hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, en un mensaje dirigido tanto a la conducción nacional como a sectores internos que condicionan la votación.
El mandatario describió la situación de la Provincia como una emergencia social y productiva, señalando que casi ningún sector quedó indemne tras la aplicación de medidas nacionales recientes y que se transita una recesión profunda que afecta a todos los rubros.
Kicillof afirmó que en el país desaparecieron 28.000 empresas, de las cuales 5.000 correspondieron a la provincia de Buenos Aires; según el gobernador, esto provocó la pérdida de 171.000 puestos de trabajo y la paralización de alrededor de mil obras públicas en distintos sectores.
Al referirse a los efectos en la vida cotidiana, vinculó el cierre de fábricas (como una filial de Whirlpool) y los despidos en sectores clave —pesca, laboratorios, autopartes y alimentos— con un efecto de arrastre sobre la demanda y la economía familiar. Señaló que muchas personas se vieron obligadas a endeudarse para cubrir gastos básicos, que la morosidad alcanzó niveles récord y que aumentaron los pedidos de alimentos, medicamentos y asistencia estatal.
Según el gobernador, la recesión en Buenos Aires se profundiza por el ahogo financiero de las provincias y la falta de transferencias automáticas de fondos. Por eso insistió en la necesidad de que se apruebe el proyecto, argumentando que la Provincia “necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger a la población”.
