El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a una organización criminal encabezada por un ex comisario e integrada por tres policías y cuatro civiles por asociación ilícita y venta de drogas en varias localidades del noreste provincial.
El fallo impuso penas de hasta cuatro años y diez meses de prisión a Lucas Gabriel Nos, quien estuvo al frente de la Brigada Operativa Departamental de Las Colonias, y al ex suboficial Matías José Cosentini, ambos considerados organizadores de las maniobras delictivas.
La resolución provino de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal federal Gustavo Onel, de la Unidad Fiscal Santa Fe, y homologado por el juez federal Luciano Lauria. El tribunal acreditó la existencia de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Entre las agravantes, se computó el aprovechamiento del cargo y el uso de recursos estatales —como patrulleros y elementos secuestrados en causas previas— para facilitar el narcotráfico y ocultar pruebas.
La ex oficial María Belén Muratore fue condenada a cuatro años de prisión por asociación ilícita, falsificación de documento público agravada e incumplimiento de deberes. El entonces subcomisario Rubén Darío Moyano, a cargo de la Jefatura Departamental de San Jerónimo, recibió dos años de prisión por malversación y encubrimiento agravado. Todas las penas serán de cumplimiento efectivo y conllevan la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Otros cuatro involucrados también recibieron condenas: Andrés Belizan, Andrea Córdoba y Rocío Córdoba fueron sentenciados a tres años de prisión cada uno. Sol Morel acumuló una pena total de cuatro años y seis meses por un antecedente de 2021. El proveedor de estupefacientes, Daniel Segovia, unificó condenas que suman siete años, incluidas sanciones previas por tenencia con fines de comercialización.
La causa se inició con una denuncia del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación y fue impulsada por el fiscal Onel, tras la aparición de un video en el que se ve a Segovia descender de un auto con dinero en presencia de uno de los policías condenados.
Las escuchas
Las comunicaciones telefónicas resultaron determinantes para reconstruir el esquema. En la sentencia se cita uno de los diálogos: “Amigo, estamos con esto, tené cuidado… Avísale a la mina que no salga hacer delivery nada que los gendarmes andan de civil… Ya te voy a pasar la patente”.
La investigación estableció que la banda operó principalmente entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, distribuyendo drogas en localidades como Esperanza, Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín. Las pruebas indican que policías de la organización no solo protegían el comercio ilícito, sino que delimitaban territorios de venta, decidían quién podía operar y cobraban cuotas a los puntos de expendio. Ante la negativa de un vendedor, el grupo organizaba represalias y procedimientos directos.
El juez Lauria destacó que el análisis de los teléfonos incautados arrojó diálogos con un “impactante valor probatorio” y mostró un “nivel de impunidad” notable. Otra transcripción relevante señala: “Amigo, avisale a nuestra gente de lo que te enteraste… Para que guarden todo… teléfonos, plata y que no tengan nada de nada… pero que no levanten mucho la perdiz porque si no se cae lo nuestro”.
El tribunal subrayó la “gravedad institucional” del caso al constatar que agentes con responsabilidad directa en la lucha contra el narcotráfico organizaron y sostuvieron la estructura criminal. Según el Ministerio Público Fiscal, los efectivos coordinaban el circuito económico, colaboraban con el proveedor para mover cargamentos, empleaban patrulleros y ofrecían protección logística. La investigación documentó malversación de fondos y uso de bienes del Estado para fortalecer la actividad ilícita.
