Un suceso menor escaló hasta convertir al Gobierno en protagonista de un conflicto autoinfligido: se produjo una notable desconexión con parte del electorado, se subestimó el significado histórico del episodio y quedaron expuestas fragilidades internas. Una ministra quedó en el centro de la polémica, el presidente Javier Milei debió actuar en solitario para intentar controlar el daño y se evidenciaron las debilidades de las alianzas que sostienen al oficialismo en el Congreso.
Tras la presentación de una queja formal de Inglaterra ante la FIFA por la exhibición improvisada de una bandera relacionada con las Malvinas en una sábana de hotel, el Presidente mantuvo una comunicación con Gianni Infantino. Ese episodio también derivó en la ruptura del diálogo con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA: el Gobierno actuó en contra de la conducción de la entidad hasta plantear su intervención. Fuentes cercanas indican que sólo una llamada de Karina Milei podría reconducir esa relación, ya que ella hoy define la mayoría de las decisiones no económicas y había sido el nexo previo al conflicto.
El Gobierno admitió que el pronunciamiento de Victoria Villarruel complicó la situación y motivó una nueva queja británica dirigida a la Casa Rosada. Más allá del efecto diplomático, ese mensaje reveló la incomodidad de Milei desde que se confirmó la participación en la semifinal del Mundial, una posición de la que no logró desvincularse.
Milei llegó a calificar como “válido” que los jugadores levantaran la bandera vinculada a las Malvinas y aceptó de inmediato el pago de una multa estimada en 30.000 dólares. No todos compartieron esa postura: Infantino puso en duda esa lectura. Al día siguiente, el gobierno de Estados Unidos, a través de Andrew Giuliani, valoró el gesto amparándose en la libertad de expresión, lo que redujo la tensión pública; además, una foto de Trump saludando a Tapia se difundió rápidamente y fue interpretada como un gesto políticamente significativo frente al Ejecutivo argentino.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó en el centro de las críticas por su intervención en el tema, que algunos aliados libertarios consideraron impropia dado que no coordina la seguridad de estadios en Estados Unidos. Sus declaraciones públicas, que incluyeron expresiones duras hacia los hinchas, fueron desautorizadas desde la Casa Rosada y le recomendaron mantener silencio. Finalmente, Monteoliva se limitó a difundir detalles del operativo de seguridad para el regreso de la Selección, coordinado con la Ciudad de Buenos Aires y sin la participación formal de la provincia. El gobierno bonaerense mantiene contacto directo con Tapia y aguarda al término del certamen para tratar la logística.
La clasificación a la final del Mundial fortaleció la posición del presidente de la AFA, actualmente el opositor visible más contundente frente a Milei. En la entidad recalcan su liderazgo y señalan que la ofensiva del oficialismo estuvo influida por el PRO. Queda por verse si el Gobierno redefine su relación con la AFA tras lo sucedido.
Viaje a Londres y quejas
Parte de la reacción errática del Gobierno se explica por el viaje a Londres que Milei proyecta para octubre y que ya fue postergado. Gran Bretaña había reclamado incumplimientos argentinos vinculados al acuerdo sobre información pesquera firmado en 2024; esas discrepancias se mencionaron también en la Asamblea de la OEA. Aunque el Presidente afirmó que avanzan por la vía diplomática, hasta ahora no hubo medidas concretas. Aun así, Argentina logró mantener el respaldo de Estados miembros en comités internacionales como el de descolonización, pese a las críticas oficiales a esos organismos y a varios países que promueven la iniciativa.
La Cancillería hizo pública, con retraso, una queja presentada ante Gran Bretaña por una presunta violación del espacio marítimo argentino por parte del buque HMS Medway, y lo hizo apenas una hora después del triunfo de la Selección, cuando ya se habían pronunciado los jugadores sobre el tema. Además, el Gobierno no informó reclamo alguno ante Chile tras la visita del patrullero británico al muelle Arturo Prat de Punta Arenas, un hecho que despertó inquietud regional.
Sin votos y con amenaza de veto
La gestión del conflicto impactó en la agenda legislativa: fracasó la sesión en el Senado para tratar el proyecto conocido como la inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo capítulo 3 proponía modificar la ley de tierras que limita la venta a extranjeros al 15% del territorio. Los apoyos parlamentarios estaban muy ajustados y la polémica pública influyó en las decisiones de último momento.
La filtración de un chat entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, en el que se solicitaba dar de baja la sesión, precipitó el ambiente propicio para la caída del tratamiento. El peronismo en el Senado, sensibilizado por el apoyo popular a la Selección, no ayudó al oficialismo. El proyecto ya había sufrido postergaciones y volvió a comisión en la primera caída; para la sesión reciente, el Gobierno presentó la versión número 15 del borrador, pero aun así no alcanzó los votos necesarios.
Bullrich había convocado la sesión también con el objetivo de aprobar el pliego del juez Víctor Pesino, cuyo pase quedaba pendiente por edad. Logró reunir apenas los 37 senadores necesarios para abrir el debate y acordó con los presentes limitar el temario a pliegos, evitando arriesgarse a una derrota en un contexto político complicado.
El quórum se consiguió con el apoyo de diez senadores de la UCR, dos del PRO, dos de Misiones, uno de Neuquén y uno de Salta. No dieron quórum varios bloques peronistas, Convicción Federal y otros senadores con ausencias por distintas razones, lo que dejó marcado el margen estrecho con el que trabaja el oficialismo.
Un actor clave fue el ministro Federico Sturzenegger, autor de la ley, que presionó telefónicamente para revertir modificaciones acordadas con la oposición y amenazó con pedir al Presidente el veto de algunos cambios. Esa advertencia buscó preservar la capacidad de diálogo futuro de Bullrich con la oposición.
La anticipación del conflicto entre Villarruel y Bullrich tuvo antecedentes en reuniones parlamentarias recientes. Los radicales llegaron divididos a la votación y el peronismo aceptó el cuarto intermedio pedido por Bullrich por bajas imprevistas; el estrecho margen terminó por desaconsejar arriesgar una derrota.
El factor Villarruel y la PAS peronista
En las últimas semanas Villarruel aceleró su proyección pública: realizó actos el 9 de Julio, cuestionó políticas oficiales internas, impulsó el debate sobre la ley de tierras y aprovechó la polémica mundialista para ganar visibilidad. Su objetivo es ocupar un espacio político que quedó vacante tras la salida de figuras del oficialismo y posicionarse como alternativa dentro del arco opositor y conservador.
Según el sondeo de Management & Fit citado, la imagen positiva de la vicepresidenta alcanza el 18,1% con un 42,2% de imagen negativa, una caída respecto a niveles previos. Por su parte, Patricia Bullrich muestra una imagen positiva del 32,9%, con una leve disminución reciente.
El peronismo observa con interés los números de Villarruel porque pueden afectar la oferta electoral del oficialismo. En particular, evalúan el impacto potencial de una candidatura suya en la provincia de Buenos Aires, donde la ausencia de balotaje podría magnificar su efecto, tal como ocurrió con candidaturas locales en comicios anteriores.
Mientras el Gobierno no logró avanzar con una reforma electoral que suprima las PASO, el peronismo prepara una primaria interna que le permita ordenar candidaturas: plantean una interna abierta con padrones nacionales, no obligatoria, usando la boleta única papel para elegir solo al candidato a presidente y dejando la definición de la fórmula vicepresidencial para negociaciones posteriores, con la primaria prevista entre abril y mayo y la presentación de listas en agosto.
Diego Santilli prioriza la eliminación o suspensión de las PASO; el peronismo trabaja para evitarlo y, a la vez, articula un plan alternativo en caso de que el Ejecutivo consiga los votos necesarios.
Marcos Juárez, ensayo para los gobernadores
Los gobernadores siguen con atención lo ocurrido en Marcos Juárez, ciudad cordobesa que elige autoridades en septiembre y que fue emblemática en la estrategia electoral de 2014. En ese distrito, La Libertad Avanza optó a último momento por no competir con su sello nacional, una decisión que los mandatarios provinciales interpretan como una táctica para evitar solapamientos electorales que puedan complicar sus reelecciones. El caso puede servir de prueba para reproducciones provinciales coordinadas por Karina Milei y Lule Menem.
El candidato que se presentaba como alternativa violeta, Gerardo Pasquali, selló una alianza con la UCR y el partido demócrata; el favorito local, Pedro Dellarossa, rechazó el sello libertario y competirá con una lista propia, manteniendo vínculos con el gobernador Martín Llaryora. La decisión de la dirigencia nacional de no intervenir con su sello en una elección con potencial proyección nacional fue leída por los gobernadores como un gesto para provincializar la estrategia.
Reorganización interna
Diego Santilli sumó influencia con una reestructuración de la jefatura de Gabinete fusionada con Interior y quedó a cargo de organismos como ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública, además de supervisar Arsat y el Correo Argentino a través de su equipo. Por ahora no se registraron cambios masivos de funcionarios, pero desde su entorno admiten que algunas áreas podrían experimentar modificaciones de nombres en el corto plazo.
En comunicación, Fabián Fernández fue designado secretario de Medios con la responsabilidad de coordinar la pauta publicitaria de organismos descentralizados y de incidir en la narrativa pública. Fue incorporado por Karina Milei a la mesa política para alinear decisiones y mensajes en los medios, un paso hacia una mayor profesionalización de esa área frente a la espontaneidad que caracterizó al Presidente.
Cuenta regresiva y atención a Caputo
Comienza el año electoral y la Casa Rosada pone el foco en la reelección con el eje puesto en la economía. La reciente desaceleración de la inflación, registrada en 1,9% en la última medición, no resuelve los problemas del ingreso y del empleo formal, que acumula doce meses de caída. Desde noviembre de 2023, según datos del SIPA, se perdieron 329.667 empleos asalariados registrados, con fuertes bajas en la industria manufacturera y el comercio, y también retrocesos en agro, minería e intermediación financiera.
La consultora 1816 valoró la baja de la inflación pero advirtió sobre el riesgo de que la reanudación del conflicto en Medio Oriente dispare el precio del petróleo y rompa la inercia de desaceleración.
Junio cerró con déficit primario. Según el ministro Luis Caputo, influyó el traslado del vencimiento del impuesto a las ganancias de personas físicas de junio a julio, aunque igual podría haberse registrado un resultado deficitario. Además preocupa el volumen de gastos devengados pero no pagados, información que se espera para la semana siguiente.
Desde 1816 señalan que, dado el vínculo del Gobierno con el FMI, los logros fiscales y el monto relativamente pequeño del incumplimiento, no anticipan sanciones, pero recomiendan vigilar de cerca la recaudación y el gasto en el segundo semestre, que además coincidirá con el inicio formal de la campaña electoral.
