La regulación del sector cripto dejó de ser una respuesta puntual a crisis y pasó a ocupar un lugar central en la agenda económica de los Estados. Así lo concluye el Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que examinó la evolución normativa en 30 jurisdicciones que concentran más del 70% de la exposición global a activos digitales. El informe identifica un cambio estructural: los gobiernos diseñan marcos para integrar los activos digitales en sus sistemas financieros, en lugar de reaccionar solo ante episodios de inestabilidad.
El cambio más visible se centró en las stablecoins, que se consolidaron como nueva infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70% de los países estudiados desarrolló marcos regulatorios para estos instrumentos. Según estimaciones de mercado, el volumen global de operaciones superó los 15 billones de dólares en 2025, con uso creciente en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Esta expansión motivó respuestas regulatorias de alcance sin precedentes por parte de los principales bloques económicos. Las stablecoins dejaron de ser experimentos de nicho y pasaron a considerarse infraestructura crítica de pagos, lo que impulsó marcos normativos más ambiciosos.
Estados Unidos lidera el giro normativo
Washington protagonizó uno de los cambios regulatorios más destacados. El Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins, que establece un esquema de supervisión con requisitos de reservas, auditorías y límites operativos para emisores.
Simultáneamente, la SEC lanzó Project Crypto para modernizar la regulación de valores digitales, y la CFTC inició esfuerzos para armonizar reglas en el mercado de derivados cripto. Por primera vez, agencias federales avanzaron en una hoja de ruta común destinada a ofrecer previsibilidad a emisores, entidades financieras y plataformas de negociación.
En la Unión Europea se avanzó en el segundo año de implementación de MiCA, el mayor intento global de armonización del mercado cripto. Los reguladores comenzaron a otorgar licencias bajo este régimen, aunque TRM Labs documenta diferencias notables entre países como Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos en ritmo y profundidad de supervisión.
Además de MiCA, entró en vigor DORA, la normativa sobre resiliencia operativa digital que obliga a las entidades financieras —incluidas las vinculadas al cripto— a elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. El proyecto de euro digital sigue en fase de evaluación sin decisiones definitivas sobre su diseño frente a la competencia de stablecoins en dólares.
Asia define el estándar del futuro
Asia mostró la mayor diversidad regulatoria y se consolidó como actor estratégico en la arquitectura global del sector. Según Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para APAC en TRM Labs, la región está marcando el rumbo sobre cómo debe ser una regulación cripto orientada al futuro, desde la tokenización hasta las stablecoins y los nuevos sistemas de pago.
Las iniciativas avanzaron en múltiples frentes: Japón estudia incorporar la supervisión cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que podría considerar a buena parte de los tokens como valores; Corea lanzó un piloto para habilitar operaciones institucionales bajo controles estrictos y avanza en legislación específica para stablecoins; Hong Kong aceleró la entrega de licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió actividades permitidas; y Singapur endureció reglas para proveedores con actividad internacional, manteniendo estándares prudenciales claros para las stablecoins.
Para Ang, la transformación va más allá de los marcos legales: en APAC los responsables de política pública ya asumen que las stablecoins serán una capa de liquidación y concentran su atención en cómo regularlas para permitir la innovación y proteger la estabilidad financiera.
El informe subraya que en mercados como Japón, Corea, Singapur y Hong Kong la discusión pasó de cuestionar la legitimidad del instrumento a abordar su integración efectiva en infraestructuras de pago y en sistemas bancarios.
El impulso institucional acompaña ese cambio: la claridad normativa en APAC ha incentivado a entidades financieras a explorar activos digitales y avanzar en su implementación operativa en múltiples mercados de la región.
En Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos completaron regulaciones sobre stablecoins ligadas al dírham y definieron condiciones para productos tokenizados. Dubái y Abu Dabi armonizaron criterios para operadores virtuales y aumentaron sanciones por actividad no autorizada, transitando de la experimentación hacia una supervisión más madura y con proyección internacional.
En América Latina, Brasil destacó por implementar un régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales que incluye requisitos de capital, transparencia y controles antilavado, integrando además las operaciones con stablecoins en la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó exigencias para el registro de proveedores y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una postura cautelosa, aunque promovió reformas en la ley antilavado en su rol dentro del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance regulatorio responde también a amenazas persistentes en segmentos no regulados: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y ciertas plataformas descentralizadas que carecen de controles operativos y auditorías concentran gran parte de la actividad ilícita. El hackeo atribuido a actores vinculados a Corea del Norte contra la plataforma Bybit ejemplifica esta vulnerabilidad, con pérdidas superiores a 1.500 millones de dólares en tokens de Ethereum. FATF advierte que mientras existan jurisdicciones con marcos débiles persistirá el riesgo de arbitraje regulatorio.
El sistema financiero tradicional también ajustó su postura. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, tras el rechazo de Estados Unidos y Reino Unido a estándares que imponían deducciones de capital del 100% para la mayoría de estos activos.
TRM Labs señala que esta revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados si se establecen criterios diferenciados según riesgo operativo, gobernanza y solidez del emisor.
Los organismos multilaterales reforzaron sus advertencias: FATF pidió una implementación más homogénea de normas AML/CFT y amplió a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material. El Consejo de Estabilidad Financiera señaló que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, pese a los avances nacionales. IOSCO reconoció progresos en custodia y gobernanza, pero advirtió que aún es temprano para evaluar la efectividad de los nuevos regímenes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del sector acompaña este giro regulatorio. Diversos cálculos sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un máximo histórico. Encuestas a inversores institucionales muestran que más de la mitad planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que existan reglas estables y supervisión clara.
El horizonte inmediato estará marcado por la implementación: Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026; Europa afrontará la prueba práctica de la supervisión bajo MiCA; y Asia profundizará sus programas piloto.
TRM Labs anticipa que la competencia entre jurisdicciones ya no se basará en atraer operadores con reglas laxas, sino en ofrecer marcos sofisticados que integren innovación, estabilidad financiera y controles eficaces. En esa transición, la regulación del cripto deja de ser reactiva y se sitúa en el centro de la política económica de las principales economías.
