Un enfrentamiento interno entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, Haití, según informaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contaron al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que buscaban atención médica para sus parejas heridas. El número de fallecidos podría aumentar, ya que continúan los episodios de violencia y el acceso a la zona afectada sigue restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los muertos estuvo Dèdè, un líder pandillero de Bel-Air que fue decapitado durante el enfrentamiento. También resultó herido Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, quien fue apartado de la dirigencia y hospitalizado tras recibir atención.
La conducción del grupo pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. La facción Krache Dife, aún vinculada a Sanon, mantiene lazos con la coalición Viv Ansanm, señalada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, aproximadamente el 90% de los distritos de la capital haitiana están bajo control de bandas armadas.
La escalada violenta se produce después de que en septiembre de 2023 varias pandillas pactaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, lo que provocó una disminución temporal de los enfrentamientos. La ruptura interna reavivó asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente quienes viven en zonas marginadas, quedó atrapada en un contexto de violencia constante. Cientos de personas han sido desplazadas y buscan refugio sin acceso regular a alimentos ni a provisiones básicas.
Los niños son frecuentemente reclutados y explotados por las bandas para tareas de vigilancia, mensajería o encargos peligrosos mediante amenazas y coerción. Los que logran escapar enfrentan desplazamiento forzado, pérdida de acceso a la educación y a la atención sanitaria, y en muchos casos carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población —cerca de 12 millones de personas— enfrenta hambre aguda, según organizaciones de derechos humanos que describen la situación como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, abriendo espacio para la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el tráfico ilegal de armas han profundizado la inestabilidad institucional.
Los enfrentamientos y ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas contra estaciones de policía, hospitales y otra infraestructura esencial.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, sufre de manera desproporcionada. Estos niños enfrentan mayores obstáculos para escapar, menos posibilidades de recibir asistencia especializada y mayores riesgos de pérdida de familiares, interrupción escolar y una situación constante de temor.
En el contexto de la preparación para las elecciones de 2025 y con un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales reclaman una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades inmediatas de la población afectada.
(Con información de AP)
