Un enfrentamiento interno entre una coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, según informaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contabilizan al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que la violencia continúa y el acceso a la zona afectada está limitado para autoridades y organismos humanitarios.
Entre los muertos figura Dèdè, uno de los líderes de la pandilla de Bel-Air, que fue decapitado durante el enfrentamiento. También resultó herido Kempes Sanon, ex policía y cabecilla criminal, quien fue retirado de la dirección del grupo y hospitalizado.
La conducción de la organización pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. La agrupación Krache Dife, todavía vinculada a Sanon, mantiene lazos con la coalición Viv Ansanm, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera.
Actualmente, alrededor del 90% de los distritos de la capital de Haití se encuentran bajo control de bandas armadas.
Esta escalada se produce después de que, en septiembre de 2023, varias pandillas acordaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, lo que redujo temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna desencadenó una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en las zonas más marginadas, está atrapada en un contexto de violencia constante. Cientos de personas se han desplazado y buscan refugio sin acceso a alimentos ni bienes esenciales.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para labores de vigilancia, mensajería o tareas de alto riesgo, bajo amenazas y coacción. Los que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, exclusión educativa y sanitaria, y en muchos casos carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, sufre hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos describen la situación como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio ilegal de armas han agravado la inestabilidad institucional.
La intensificación del crimen y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas contra estaciones de policía, hospitales e infraestructura vital.
La infancia, en particular los menores con discapacidad, resulta especialmente afectada. Estos niños enfrentan mayores dificultades para huir y tienen menos posibilidades de recibir atención especializada, lo que agrava la pérdida de familiares, la interrupción escolar y el temor permanente.
En el contexto de la preparación para las elecciones de 2025 y con un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organismos internacionales piden una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades más inmediatas de la población.
(Con información de AP)
