Un choque interno entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, Haití, según informaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contabilizaron al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, pues continúan los episodios de violencia y el acceso al área permanece restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los muertos está Dèdè, uno de los líderes pandilleros más conocidos de Bel-Air, que fue decapitado durante el enfrentamiento. Además resultó herido Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, quien fue apartado de la dirigencia y hospitalizado tras el incidente.
La dirección del grupo pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. La agrupación Krache Dife, todavía aliada de Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, señalada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, alrededor del 90 % de los distritos de la capital haitiana están bajo control de bandas armadas.
La actual escalada se produce después de que en septiembre de 2023 varias pandillas acordaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, lo que redujo temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna de ese acuerdo desencadenó una nueva ola de homicidios, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en zonas marginales, está atrapada en una situación de violencia continua. Cientos de personas se han desplazado en busca de refugio y carecen de acceso a alimentos y bienes esenciales.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para vigilancia, mensajería u otras tareas de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Quienes logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, interrupción educativa y falta de acceso a atención médica, agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, sufre hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos describen la situación en Haití como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó un vacío de liderazgo político que facilitó la expansión de las bandas armadas. Ese vacío, junto con el tráfico de armas ilegales, agravó la inestabilidad institucional.
La escalada criminal y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones repetidas a estaciones de policía, hospitales e infraestructura esencial.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, resulta afectada de forma desproporcionada: enfrentan mayores obstáculos para huir y menos posibilidades de recibir asistencia especializada, lo que agrava la pérdida de familiares, la interrupción escolar y la exposición a un ambiente de miedo constante.
En el contexto de la preparación para las elecciones de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales solicitan una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades básicas de la población.
(Con información de AP)
