Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se manifestó en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, calificándola como una “reforma patronal” que tendería a consolidar la precariedad laboral en el país.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la dirigente expresó su profunda preocupación y rechazó las consecuencias que, a su juicio, tendría la iniciativa. Señaló que la solución a la precariedad no consiste en “cristalizarla ni blanquearla”, sino en garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras accedan a empleos con derechos.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Cabezas afirmó que la propuesta del Gobierno introduce la figura del “colaborador” en la Ley de Bases, una categoría que, en su opinión, desdibuja la relación laboral y equivale a no trabajar.
Frente al argumento oficial sobre la necesidad de formalizar el trabajo en negro y la informalidad, la representante de ATE destacó que la cuestión se discute a nivel internacional y que la respuesta no debe ser modificar las leyes a la baja. Citó el ejemplo de México, donde se redujo la jornada laboral para generar más empleos formales, y recordó que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueven la transición a la formalidad sin aconsejar la creación de registros que consagren la precariedad y reduzcan derechos.
Entre los puntos que consideró más preocupantes mencionó el denominado “banco de horas”, que permitiría al empleador definir qué días y cuántas horas se trabaja, limitando la posibilidad del trabajador de establecer sus tiempos de descanso, algo que calificó como una irregularidad grave.
También puso el foco en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Actualmente, cuando un convenio vence y no se renueva, sigue vigente hasta que se acuerde uno nuevo; la reforma obligaría a renegociar los convenios vencidos en el plazo de un año y facultaría a la Secretaría de Empleo para suprimir cláusulas con las que no esté conforme.
Sobre la necesidad de mejorar la generación de empleo y la inquietud de las pequeñas y medianas empresas por los juicios laborales, Cabezas admitió que existen esas preocupación y planteó la visión del sindicato sobre cómo abordarlas.
Explicó que, en su criterio, si una pyme cumple con el pago de cargas patronales y notifica con 30 días de antelación la finalización de la relación laboral, se evita la mayor parte de los litigios; es decir, sostuvo que cumpliendo las obligaciones formales se puede reducir la “industria del juicio”.
Asimismo, atribuyó parte del problema a una cuestión cultural en la Argentina, donde a veces se considera que pagar sumas informales sin registrar al trabajador no equivale a tenerlo en negro, lo que perpetúa prácticas laborales irregulares.
En relación con la propuesta de crear un fondo común de inversiones para sustituir las indemnizaciones, la secretaria de ATE advirtió sobre los riesgos en la administración de ese fondo y señaló que la iniciativa no resolvería uno de los problemas más graves: la falta de indemnización efectiva cuando una empresa quiebra y deja a los trabajadores desprotegidos.
