El gobierno de Venezuela anunció este lunes la suspensión de todos los acuerdos y contratos energéticos con Trinidad y Tobago, en respuesta al apoyo de ese país al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y a la autorización concedida por Puerto España para el uso de sus aeropuertos en operaciones logísticas vinculadas a la ofensiva regional contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo la ministra de Petróleos, Delcy Rodríguez, quien acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de alinearse con intereses estadounidenses en perjuicio de Venezuela.
La ruptura de las relaciones energéticas se comunicó mediante un mensaje dirigido al gobierno trinitense y a la comunidad internacional. Rodríguez afirmó que el presidente Nicolás Maduro ha decidido extinguir de forma inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural, y defendió la medida como una respuesta a lo que calificó de atentado contra la soberanía nacional.
El hecho que desencadenó la decisión fue la incautación del buque Skipper el pasado 10 de diciembre. La embarcación, que según las autoridades transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo pesado de la estatal PDVSA y navegaba bajo bandera falsa, fue abordada en aguas internacionales por equipos de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa de Estados Unidos tras una orden judicial estadounidense.
Estados Unidos justificó la operación señalando vínculos previos entre el buque y el contrabando de crudo iraní, en línea con su política de presión sobre empresas que, según Washington, ayudan al régimen de Maduro a eludir sanciones.
El gobierno venezolano calificó, por su parte, la incautación como un acto de piratería y robo y una grave violación del derecho internacional y de los principios de libre navegación.
La respuesta de Caracas no se limitó a la protesta diplomática y se dirigió también contra Trinidad y Tobago, al que acusó de facilitar la operación mediante la instalación de tecnología militar estadounidense y la apertura de aeropuertos y puertos a las fuerzas de Estados Unidos.
Rodríguez afirmó que la primera ministra ha convertido el territorio trinitense en una plataforma para el despliegue militar estadounidense, en lo que describió como una agenda hostil desde Puerto España.
La crisis se produce en un momento en que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval sin precedentes en el Caribe, en el marco de una ofensiva regional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
El presidente Maduro sostiene que ese operativo encubre intentos de presionar para un cambio de régimen. El gobierno de Trinidad y Tobago y sus socios en Washington, en cambio, sostienen que las medidas buscan reforzar la seguridad regional y evitar que recursos energéticos financien actividades ilícitas.
Los acuerdos energéticos entre Caracas y Puerto España ya se habían deteriorado en los últimos años por la presión estadounidense y el endurecimiento de sanciones. La decisión venezolana de cortar el suministro de gas natural eleva la tensión bilateral y pone en riesgo proyectos conjuntos de desarrollo en campos gasíferos transfronterizos, relevantes para la economía energética de la región.
La declaración venezolana reafirma la fractura entre el gobierno de Nicolás Maduro y los países alineados con la política estadounidense en la región, y añade un nuevo obstáculo a la cooperación en un contexto en el que Venezuela insiste en la narrativa de una soberanía agredida.
Para Trinidad y Tobago, la ruptura representa un desafío adicional en la búsqueda de fuentes seguras de energía y en su papel estratégico como socio regional en coordinación con Estados Unidos.
A medida que se intensifica la confrontación en un Caribe más militarizado y con mayor presencia estadounidense, la suspensión del suministro de gas impone costos a ambas partes y aumenta la incertidumbre sobre la agenda energética y diplomática regional.
(Con información de EFE y Europa Press)
