La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de declaración en repudio al proyecto de ley 159/25, denominado “Modernización Laboral” e impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Afirmó que, a su juicio, no se trata de una modernización sino de una estafa a los trabajadores.
En los fundamentos del proyecto expresó su profunda preocupación por el retroceso que implicaría esa iniciativa para las condiciones laborales del país y manifestó su respaldo a la convocatoria de las organizaciones sindicales para movilizar en las calles el próximo 18 de diciembre.
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Al volver a la tarea legislativa como integrante de un bloque peronista, lamentó que su primer proyecto sea repudiar una propuesta del Poder Ejecutivo nacional sobre modernización laboral, y destacó que 8 de cada 10 nuevos desocupados se concentran en la provincia de Buenos Aires.
Subrayó que, desde su concepción, gobernar implica generar trabajo y que el salario es el principal organizador social; por ello consideró necesario expresar la posición del bloque y repudiar lo que calificó como un retroceso grave en derechos laborales.
Recordó que reformas similares se han intentado con distintos nombres en varias etapas (los años 90, el gobierno de Macri y en la actual gestión), y mencionó que incluso algunos relatores de la iniciativa han manifestado que la ley no genera empleo.
Señaló que una ley por sí sola no crea trabajo: es la evolución de la economía la que lo hace. Planteó que la situación económica actual es el problema central de Argentina y responsabilidad de todos, y que hay que definir un horizonte que ofrezca orden, confianza y seguridad a la población trabajadora.
Desde su experiencia en gestión legislativa y ejecutiva, dijo preferir hablar con datos y resultados para sostener que el modelo basado en la especulación financiera beneficia a pocos y perjudica a las mayorías.
Conmemoró el décimo aniversario del último gobierno que calificó como positivo, conducido por una dirigente peronista, y afirmó que esa dirigente se encuentra privada de libertad, calificando su situación de injusta y sosteniendo su inocencia.
Comparó indicadores laborales y sociales: cuando esa administración finalizó en diciembre de 2015, el salario mínimo rondaba los 742 dólares; actualmente, señaló, el salario mínimo es de 225 dólares. Añadió que en otros períodos se habían creado puestos de trabajo aun con distintas normativas laborales.
Indicó además que la jubilación mínima pasó de 442 dólares en esa etapa a 237 dólares en la actualidad, que la participación de los trabajadores en el PBI superaba el 50% durante aquel gobierno y mencionó otros datos sobre deuda con el FMI, registros de empleo y la pérdida de puestos de trabajo. Afirmó que hay casi 280.000 puestos de trabajo menos y cerca de 20.000 Pymes o fábricas menos en funcionamiento.
Aseguró que sus planteos parten de la historia y la doctrina, pero también del compromiso y no de la nostalgia, y sostuvo su respeto por los miembros de la Cámara. Defendió la pluralidad de ideas y la necesidad de construir colectivamente un horizonte distinto para atender las necesidades del pueblo.
Enfatizó que la política no debe ser un espectáculo ni un mecanismo para buscar réditos mediáticos; señaló que los mandatarios son servidores públicos y que corresponde trabajar con seriedad en las demandas cotidianas de la población.
Concluyó convocando a actuar con responsabilidad y dedicación para encontrar soluciones concretas para quienes enfrentan dificultades económicas, en lugar de generar escándalos que desvirtúen el debate público.
