El gobierno de Siria y sus aliados regionales celebraron el levantamiento definitivo de las sanciones más severas impuestas al país en décadas, una decisión que supone un punto de inflexión tras años de aislamiento económico y financiero.
Las sanciones, conocidas como Ley César, fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en 2019 para castigar al régimen de Bashar al-Assad por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil iniciada en 2011. Estas medidas afectaron de forma profunda al sistema financiero sirio y limitaron su acceso a inversiones y comercio internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria agradeció la decisión y señaló que aliviará las cargas sobre la población y abrirá paso a una nueva etapa de recuperación y estabilidad. Invitó a empresarios nacionales e inversores internacionales a participar en la reconstrucción, cuyo costo el Banco Mundial ha estimado en 216.000 millones de dólares.
El gobernador del Banco Central sirio, Abdulkader Husrieh, afirmó que el levantamiento de la Ley César facilitará la reintegración de Siria al sistema financiero internacional y permitirá al país aspirar a una calificación crediticia soberana.
“Siria probablemente empezará con una calificación baja, lo cual es normal para países que emergen de un conflicto”, dijo Husrieh. “El valor real está en el punto de referencia que ofrece la calificación y en el plan que marca para su mejora”.
Tras la caída de Assad en diciembre de 2024, después de una ofensiva relámpago de fuerzas rebeldes, aumentó la presión para retirar estas sanciones. Diversos actores —incluidos algunos que previamente habían apoyado las sanciones— argumentaron que su mantenimiento dificultaba la reconstrucción, desalientaba la inversión extranjera y agravaba la crisis económica y social.
El presidente estadounidense Donald Trump, que ya había suspendido temporalmente las sanciones mediante órdenes ejecutivas, aprobó la derogación definitiva tras la inclusión de la medida en la ley anual de gastos de defensa. Aunque varios legisladores propusieron condicionar la eliminación a avances del nuevo gobierno sirio —liderado por una coalición dominada por islamistas sunitas— en la protección de minorías religiosas y la lucha contra el terrorismo, la eliminación se aprobó sin condiciones directas, con la exigencia de informes periódicos al Congreso sobre estos asuntos.
Aliados regionales celebran el levantamiento de sanciones
La decisión recibió el respaldo de aliados del gobierno interino encabezado por Ahmad al-Sharaa, entre ellos Turquía, Arabia Saudí y Qatar.
“Esperamos que este paso contribuya a fortalecer la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Siria, al promover la cooperación internacional para la reconstrucción y el desarrollo del país”, expresó Oncu Keceli, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí elogió “el papel significativo y positivo desempeñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump” en el levantamiento de las sanciones. Trump ha dicho que tomó la decisión tras solicitudes del príncipe saudí Mohammed bin Salman y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
En paralelo, el Reino Unido anunció sanciones selectivas contra personas y organizaciones involucradas en “actos de violencia contra civiles” en Siria. Entre los objetivos figuran exfuncionarios del régimen de Assad y miembros de grupos armados vinculados al nuevo gobierno, acusados de participar en ataques sectarios a principios de este año en la costa siria.
La violencia se intensificó en marzo, cuando grupos leales a Assad atacaron a fuerzas de seguridad, lo que desencadenó represalias contra civiles alauitas —la minoría a la que pertenece el expresidente— por parte de militantes sunitas, algunos formalmente integrados en las nuevas fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos dejaron cientos de víctimas civiles y pusieron de manifiesto los desafíos que enfrenta Siria en su proceso de estabilización.
(Con información de AP)
