El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó que solicitó a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que, según las autoridades ucranianas, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso el sábado pasado. Lubinets pidió además su retorno inmediato y comunicó que contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las autoridades de Ucrania consideran esta operación una violación del derecho internacional humanitario, al implicar detenciones ilegales y deportación forzosa de civiles.
En su mensaje, Lubinets detalló que pidió a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación Rusa información sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y los requisitos para su repatriación inmediata. También remitió una carta formal al CICR para solicitar su intervención.
El funcionario instó a la comunidad internacional a realizar una evaluación jurídica de las acciones de Rusia y a utilizar todos los mecanismos disponibles para detener las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción presentada por Lubinets, las fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy), manteniéndolos retenidos sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas. La transferencia forzada a Rusia se habría producido el sábado, según la información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, cerca de cincuenta civiles, en su mayoría personas mayores que se negaron previamente a ser evacuadas a otras zonas de Ucrania, fueron trasladados a territorio ruso.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayó que la negativa de los residentes a ser evacuados dentro del país no legitima las acciones militares rusas y recalcó que esos traslados constituyen una violación del derecho internacional. La Dirección General de Comunicaciones indicó que, ante el deterioro de la seguridad en la región de Sumy, las autoridades han organizado evacuaciones en las comunidades fronterizas: hasta ahora más de 30.000 personas —aproximadamente el 84 % de la población de ocho comunidades— han sido evacuadas, mientras que el 16 % restante, unas 5.700 personas, entre ellas 38 niñas y niños, ha decidido permanecer.
En un mensaje dirigido a quienes quedan en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación sigue siendo una medida para proteger la integridad de las personas y sus familiares.
