Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas ejecutadas, dos más que en 2024, informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas concentraron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a 222 en el año anterior. La ONG alertó sobre un aumento notable en las ejecuciones por delitos vinculados específicamente al cannabis: 97 personas ejecutadas por esta causa, frente a 15 en 2024.
En los últimos años, las autoridades saudíes han intensificado la lucha contra el narcotráfico, considerado un problema prioritario. La elevada demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la ubicación geográfica del país han favorecido que redes internacionales utilicen al reino como destino o tránsito.
La legislación saudí establece la pena de muerte como el castigo más severo para el contrabando de estupefacientes. La normativa considera “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye. Para los infractores primerizos la pena puede ser prisión, azotes o multa —o una combinación de estas—, mientras que los reincidentes enfrentan sanciones más severas, que pueden llegar a la pena capital.
En noviembre de 2022, el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas tras casi tres años de suspensión, revocando una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre “la creciente persecución de extranjeros”: representaron el 57 % de las ejecuciones en 2025, con 202 casos, y el 94 % de esos extranjeros fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recuerda que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, había declarado en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción con las declaraciones y compromisos adoptados en los últimos años”.
La organización advierte que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se lleven a cabo sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas que incluyen tortura y la negación a las familias del derecho a despedirse y enterrar a sus seres queridos. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, otras pueden permanecer sin hacer públicas.
(Con información de EFE)
