Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas ejecutadas, dos más que en 2024, informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a 222 el año anterior. La ONG destacó un aumento especialmente notable en las ejecuciones relacionadas con el cannabis: 97 personas fueron ejecutadas únicamente por delitos vinculados a esa sustancia, frente a 15 en 2024.
En los últimos años, Arabia Saudita ha intensificado su combate contra el narcotráfico, considerado uno de los principales problemas del país. La alta demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la posición geográfica del reino lo han convertido en un punto clave para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudita establece la pena de muerte como la “sanción más severa” para el contrabando de estupefacientes. La ley define como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye. Además, distingue entre infractores primerizos y reincidentes: al primer delito pueden aplicarse prisión, azotes, multas o una combinación de estas penas, mientras que los reincidentes pueden ser condenados a muerte.
En noviembre de 2022, el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, poniendo fin a una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también alerta sobre una “creciente persecución de extranjeros”: en 2025 representaron el 57 % de las personas ejecutadas —202 casos— y el 94 % de esos casos estuvo relacionado con narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción fundamental con las declaraciones y compromisos adquiridos en los últimos años”.
La organización advirtió que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, así como por prácticas severas que incluyen tortura o la negación a las familias del derecho a despedirse y enterrar a sus seres queridos. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncia mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
