El apretado calendario de vencimientos y la necesidad de recuperar pronto acceso a los mercados voluntarios de deuda son dos motivos centrales por los que el presidente Javier Milei decidió avanzar con la Ley de Presupuesto, a pesar de que inicialmente la había rechazado.
El Poder Ejecutivo busca enviar una señal clara a los mercados sobre la orientación de los ingresos y gastos del Estado nacional, para demostrar que contará con los recursos necesarios para atender sus compromisos financieros.
Además, la aprobación del presupuesto es clave para no complicar más el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye metas cualitativas relacionadas con reformas estructurales y con la propia planificación presupuestaria.
El texto del presupuesto incorpora un artículo relevante: autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda bajo legislación internacional, algo que la Ley Guzmán impedía hasta ahora.
Desde la Casa Rosada ya aceptaron que la reforma laboral no se tratará en 2025; esto a su vez condiciona parte de la reforma tributaria y deja sin margen avances en materia previsional.
Por esa razón, la autorización parlamentaria del programa de recursos y obligaciones se convierte en el único elemento que el equipo económico podrá presentar en la próxima revisión del acuerdo con el FMI, de la cual depende un desembolso de 1.000 millones de dólares.
Estas dificultades políticas, junto con el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas, motivaron que la auditoría prevista para enero se postergue hasta febrero.
El presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados mantuvo las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, lo que provocó un quiebre con buena parte de la oposición dialoguista y con gobernadores afines.
La primera reacción del oficialismo fue rechazar la media sanción; desde el entorno presidencial comunicaron la insatisfacción del presidente con el resultado, expresada en términos contundentes.
Con el paso de los días la evaluación cambió y en las últimas horas la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, intentó gestionar modificaciones en el tratamiento en la Cámara Alta para mitigar el impacto fiscal de las normas ratificadas, pero esas negociaciones no prosperaron.
Por eso Milei, con la mirada puesta en los mercados, anunció que no vetará el presupuesto y que se administrarán partidas para preservar el equilibrio fiscal. Así, antes de fin de año Argentina contará con una ley de ingresos y gastos aprobada por el Congreso, algo que no ocurría desde hace tres años.
El objetivo del Gobierno es alcanzar en 2026 un superávit primario equivalente al 1,5% del PIB, nivel que, de lograrse, garantizaría la capacidad de pago de los vencimientos de deuda.
En una entrevista, el presidente se comprometió a perseguir ese objetivo “sin subir impuestos” y subrayó que se buscará el déficit cero por todos los medios posibles sin aumentar la carga tributaria.
Milei también destacó que la forma en que se logra el superávit fiscal importa, aludiendo a límites éticos y a un marco de análisis económico que, según dijo, orienta las decisiones sobre qué acciones son aceptables y cuáles no.
Reunión de mesa política
Tras el impacto de la sesión en Diputados, en la Casa Rosada intentan minimizar la percepción de derrota legislativa, aunque reconocen que el resultado rompió el impulso que se había generado después del triunfo electoral.
Al mediodía del lunes se reunió la mesa política del oficialismo sin la presencia de Milei ni de su hermana Karina. La reunión estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.
El objetivo principal es evitar nuevas deserciones o sorpresas en la sesión del próximo viernes, para asegurar la aprobación del presupuesto.
Aunque la semana anterior se firmó el dictamen de mayoría en el Senado para que el proyecto sea tratado en el recinto, queda por definir cómo se reasignarán partidas, ya que esos movimientos podrían implicar apuntar a recursos provinciales para compensar el bache fiscal.
Para minimizar riesgos, Bullrich habría instruido a sus senadores a ajustar sus viajes de pos Navidad y a garantizar que el viernes 26 no haya bancas vacías por problemas logísticos.
