Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas fueron ajusticiadas, dos más que en 2024, hasta entonces el año con la cifra más alta, según informó la Organización Europea‐Saudi para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 ejecuciones por este motivo, frente a las 222 del año anterior. La organización alertó sobre un aumento “sin precedentes” de las ejecuciones por delitos vinculados específicamente al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas únicamente por este tipo de delitos, comparado con 15 en 2024.
En los últimos años el reino intensificó su lucha contra el narcotráfico, considerado uno de los principales problemas del país. La elevada demanda interna, el alto poder adquisitivo del mercado y la ubicación geográfica estratégica han convertido a Arabia Saudita en un destino relevante para las redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí establece para el contrabando de estupefacientes el “castigo más severo”, que es la pena de muerte. La ley entiende por “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: para el primer delito se prevén penas de prisión, azotes o multas —o una combinación de ellas—, mientras que para los reincidentes la sanción puede elevarse hasta la pena capital.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo la moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre “la creciente persecución de extranjeros”, que representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, con 202 casos documentados; el 94 % de ellos fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se registraron ejecuciones de dos personas que fueron detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que con frecuencia afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción con las declaraciones y compromisos asumidos en los últimos años”.
La organización advirtió además que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas severas que incluyen tortura y la negación a las familias del derecho a despedirse y a enterrar a sus seres queridos. Si bien la mayoría de las ejecuciones se anuncia mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
