La detención en San Diego de una cordobesa de 22 años provocó sorpresa y preocupación entre migrantes que intentan regularizar su situación en Estados Unidos. La detenida es Felicitas Lauría, y según la denuncia fue sometida a sujeción con grilletes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Lauría, oriunda de Villa María, llegó a Estados Unidos en 2023 mediante un programa de niñeras. Allí conoció a Marcus, con quien se casó en febrero y con quien inició de inmediato el trámite de ajuste de estatus. Aunque contaba con permiso de trabajo vigente y había cumplido pasos administrativos previos, las autoridades señalaron que su visado original había expirado en marzo, pese a que existía una protección judicial (amparo) que, según la defensa, la amparaba.
Una cordobesa fue detenida en Estados Unidos: qué pasó
Durante diez días permaneció en condiciones que sus allegados califican de degradantes mientras estuvo detenida. Su madre, Mariana Lozita, denunció que la mantuvieron encadenada de pies a cintura y de manos, incluso para ir al baño. En el centro de detención de Otay Mesa, según la familia, durmió en el suelo, soportó temperaturas muy bajas por el aire acondicionado y no recibió la medicación que necesita para tratar su hipotiroidismo.
En el trámite administrativo que siguió, una jueza fijó una fianza de 1.500 dólares después de que Lauría no compareciera a una audiencia —situación atribuida por la defensa a traslados fallidos realizados por ICE. Tras el pago de la fianza por parte de su familia política, fue liberada con una tobillera electrónica, dispositivo que le fue retirado el 11 de diciembre. Actualmente está a la espera de un juicio definitivo programado para marzo de 2026, fecha en la que se decidirá si puede permanecer legalmente en el país o si será deportada.
La familia y sus abogados vinculan el caso con una acción que se implementó en California desde el 12 de noviembre y que, según informes citados por la defensa, se enfoca en cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Esta práctica ha generado inquietud entre abogados locales y en la comunidad migrante que busca regularizar su situación mediante el matrimonio.
