Los fiscales de Corea del Sur pidieron este viernes una condena de 10 años de prisión para el ex presidente Yoon Suk Yeol por delitos relacionados con su fallida declaración de la ley marcial en diciembre del año pasado, un episodio que provocó protestas masivas, enfrentamientos entre instituciones y su posterior destitución.
La petición de prisión incluye cargos por obstrucción a la justicia, después de que Yoon presuntamente excluyera a miembros de su gabinete de una reunión clave sobre la imposición de la ley marcial y, en enero, impidiera que los investigadores procedieran a su detención. Un tribunal de Seúl tiene previsto dictar sentencia el próximo mes, informó la agencia Yonhap.
Yoon ordenó la suspensión temporal del régimen civil el 3 de diciembre de 2024, la primera medida de este tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur. La decisión desencadenó manifestaciones multitudinarias y un choque directo con el Parlamento, donde tropas armadas intentaron bloquear la votación legislativa que buscaba anular el decreto presidencial.
El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon en abril, al considerar que sus acciones vulneraron el orden democrático. Desde entonces, el ex mandatario enfrenta varios procesos judiciales por actos vinculados con la declaración de la ley marcial y por otros presuntos delitos conexos.
En las audiencias, Yoon defendió que la declaración de la ley marcial fue necesaria para enfrentar lo que describió como “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”. La fiscalía rechazó esa explicación y sostuvo que las pruebas recopiladas apuntan a un uso indebido del poder presidencial con fines políticos.
Además, una fiscalía especial presentó una acusación formal que imputa a Yoon por colaborar con el enemigo. Según los fiscales, el ex presidente ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte con el propósito de justificar la imposición del control militar durante su mandato.
La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra Yoon.
“Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”, declaró la funcionaria.
Según la investigación, las operaciones militares formaron parte de un plan deliberado para provocar a Pyongyang y generar un escenario de crisis que posibilitara la declaración de la ley marcial. La fiscalía señaló como una de las pruebas principales un memorando redactado en octubre del año pasado por el entonces jefe de contrainteligencia militar.
El documento instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja” y afirmaba que las fuerzas armadas debían “apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”. Según la acusación, estas directrices evidencian la intención de escalar la tensión con Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang aseguró el año pasado que había “probado” que Corea del Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una acusación que las fuerzas surcoreanas nunca confirmaron oficialmente. La península coreana sigue técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, ya que no existe un tratado de paz que ponga fin al conflicto iniciado en 1950.
(Con información de AFP)
