En el distrito se aplica una ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia con el objetivo de reducir tanto los daños que su uso puede provocar como su impacto ambiental. La norma busca prevenir lesiones y molestias a distintos sectores de la población y alentar prácticas más seguras y respetuosas del entorno.
En los últimos años se registró una disminución notable en el uso de estos productos. Ese descenso se atribuye a la combinación de denuncias realizadas por vecinas y vecinos y a los controles y operativos que lleva adelante el Municipio para detectar y frenar la venta ilegal. La colaboración comunitaria y la fiscalización local han sido factores clave para que la circulación y el uso de pirotecnia hayan disminuido sostenidamente.
Los motivos para restringir la comercialización y el empleo de pirotecnia son múltiples. En primer lugar, existen efectos directos sobre la salud: las explosiones y los estallidos pueden producir lesiones oculares, quemaduras, pérdidas auditivas y otros traumatismos que, en situaciones extremas, pueden dejar secuelas permanentes. Además, la manipulación imprudente de estos productos incrementa el riesgo de accidentes graves tanto para quienes los usan como para terceras personas.
Otro aspecto relevante es el impacto sobre poblaciones vulnerables. Las personas del espectro autista suelen verse especialmente afectadas por los ruidos fuertes y los estallidos; asimismo, bebés y personas mayores pueden experimentar estrés, desorientación o empeoramiento de condiciones preexistentes como problemas cardiacos o respiratorios. Las mascotas y la fauna local también sufren consecuencias: el ruido intenso genera pánico, desorientación y, en algunos casos, daños físicos o la pérdida de animales.
Desde el punto de vista ambiental, la pirotecnia genera residuos químicos y sólidos que contaminan el aire, el suelo y el agua, y contribuye a un aumento temporal de la polución sonora y atmosférica. Estos efectos, sumados a los riesgos para la salud humana y animal, justifican las medidas municipales orientadas a restringir su circulación.
La experiencia local indica que la reducción del uso se logra mejor mediante una combinación de fiscalización, sanciones a la venta ilegal y campañas de concienciación dirigidas a la población. Denunciar comercios o puestos que infrinjan la ordenanza y participar en las acciones de prevención incrementa la eficacia de la norma. Además, promover alternativas seguras y respetuosas —como celebraciones sin pirotecnia o el uso de espectáculos lumínicos diseñados para minimizar impacto sonoro— puede facilitar la transición hacia prácticas menos lesivas para la comunidad y el medio ambiente.
