El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que elimina la obligación de declarar ingresos y patrimonio para amplios sectores del funcionariado, una reforma que incrementa la opacidad en la estructura estatal y reduce los mecanismos formales de control anticorrupción.
La norma modifica varias leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción y el control patrimonial de los cargos públicos. A partir de su entrada en vigor, una parte importante de los empleados del Estado dejará de presentar de forma periódica declaraciones de ingresos, gastos y bienes, una exigencia que hasta ahora se realizaba anualmente e incluía también a cónyuges e hijos de los funcionarios.
Según el nuevo marco legal, las autoridades supervisoras podrán requerir esa información solo de forma excepcional, por ejemplo cuando un funcionario sea trasladado entre agencias, cuando se detecten transacciones por un importe equivalente a más de tres años de los ingresos declarados, u otros supuestos que la ley no delimita con precisión.
La medida excluye a sectores como la docencia, pero alcanza áreas centrales del aparato estatal, entre ellas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, altos cargos ministeriales y otros funcionarios del Gobierno. Son ámbitos con concentración de poder político, judicial y coercitivo que han sido señalados en el pasado por prácticas poco transparentes en la gestión de recursos.
Hasta ahora, todos los servidores públicos estaban obligados a presentar antes del 1 de abril de cada año una declaración detallada de ingresos y gastos, una práctica introducida formalmente como parte de los compromisos anticorrupción asumidos por el Kremlin en la última década, aunque con escasa fiscalización independiente.
El retroceso en transparencia no es una novedad. En diciembre de 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania, Putin firmó un decreto que prohibió la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en portales oficiales y en los medios, alegando motivos de seguridad. Desde entonces, esa información dejó de estar accesible incluso de forma parcial para la sociedad civil.
Opositores y organizaciones críticas con el Kremlin sostienen que la nueva ley refuerza un sistema de opacidad financiera diseñado para proteger a las élites políticas y de seguridad frente al escrutinio público, y señalan además que la eliminación de controles coincide con un endurecimiento de la represión política y una mayor concentración de poder en torno al Ejecutivo.
En paralelo, las autoridades rusas han llevado ante los tribunales a cientos de funcionarios acusados de corrupción desde 2022, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra y las sanciones occidentales. El Gobierno presenta estos procesos como muestra de su compromiso con la legalidad y la disciplina interna.
No obstante, analistas y expertos en Rusia advierten que muchos de estos casos responden más a disputas internas entre facciones de la élite que a una política sistemática de depuración institucional. Según estas fuentes, los funcionarios que ocupan los puestos tras las destituciones tienden a reproducir prácticas similares, sin que se alteren las estructuras de fondo que facilitan la corrupción. La eliminación de la obligación de declarar ingresos refuerza esa percepción: mientras el Estado mantiene una retórica de control y sanciones selectivas, reduce al mismo tiempo los mecanismos formales de transparencia, consolidando un modelo de poder más cerrado y menos sujeto a control público.
