El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el refuerzo militar en dos de las principales instalaciones energéticas de Venezuela en medio de la presión de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha realizado acciones dirigidas contra infraestructura vinculada al narcotráfico y ha avanzado en medidas para limitar el comercio petrolero del país.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que mantiene unidades desplegadas en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en Zulia, una región fronteriza con Colombia marcada por actividades de contrabando y la presencia de crimen organizado.
El anuncio lo hizo el jefe militar de la región occidental, Pedro González Ovalles, en un mensaje difundido por el alto mando castrense.
Según González Ovalles, el despliegue busca garantizar la seguridad de ambas instalaciones; la medida se produce en un contexto de aislamiento internacional del gobierno y de denuncias sobre el uso de puertos venezolanos para actividades ilícitas.
El refuerzo coincide con la publicación del diario The New York Times, que afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra un muelle en Venezuela que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar y despachar cargamentos de droga. El diario indicó que la operación no dejó víctimas y que sería la primera acción conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano.
El presidente Donald Trump confirmó la ofensiva.
“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró a periodistas en Mar-a-Lago. Washington sostiene que el ataque forma parte de una campaña ampliada contra redes narcotraficantes que, según sus autoridades, operan con protección del gobierno venezolano.
El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de esa estrategia. Según The New York Times, la operación representa un giro en la política estadounidense, que hasta ahora se había centrado en interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Trump había anticipado que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra vinculados al narcotráfico.
La presión se intensificó también tras la incautación de dos buques que transportaban crudo venezolano y el anuncio de un bloqueo total a petroleros sancionados que entren o salgan del país. La medida afecta directamente a la principal fuente de ingresos del Estado en un contexto de crisis económica y deterioro de la industria energética.
El Centro de Refinación Paraguaná, uno de los complejos más grandes del mundo, opera muy por debajo de su capacidad desde hace años por falta de inversión, corrupción y sanciones. El complejo Ana María Campos, dedicado a fertilizantes y derivados del gas, también ha registrado paralizaciones recurrentes.
Desde Caracas, funcionarios del gobierno denunciaron “amenazas” y “ataques”, sin referirse de forma explícita a la operación estadounidense. El denominado “número dos” del chavismo y ministro del Interior, Diosdado Cabello, habló de una campaña de “acoso”, mientras que Delcy Rodríguez instó a los trabajadores petroleros a permanecer en “alerta permanente”.
Las autoridades venezolanas también mencionaron supuestos planes de sabotaje contra instalaciones energéticas, incluidos ataques con explosivos.
Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico transnacional.
Para Washington, el gobierno de Venezuela se ha convertido en un nodo central de esas redes, según sus declaraciones y acciones.
(Con información de EFE)
