A principios de 2026, el Gobierno nacional decretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que estaba siendo investigado por presuntas coimas a laboratorios. La medida generó críticas y objeciones, entre ellas la de la Defensoría del Pueblo de Vicente López.
En un comunicado, el organismo liderado por María Celeste Vouilloud señaló: «Esta decisión afecta directamente la institucionalidad pública en materia de discapacidad, al eliminar un organismo rector con competencias específicas y de carácter transversal, y reemplazarlo por una estructura sectorial que no resulta equivalente en funciones, jerarquía ni en su capacidad de coordinación interministerial.»
El texto añadió que «la discapacidad no es únicamente una cuestión sanitaria. Reducirla al ámbito exclusivo de la salud reinstala una mirada medicalizante y reduccionista, superada por los estándares internacionales, que desconoce las dimensiones social, jurídica, educativa, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitaria. Las personas con discapacidad no son pacientes: son sujetos plenos de derechos, titulares de autonomía, dignidad, participación social e igualdad real de oportunidades.»
Comunicado oficial de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (@ContactoAdpra) sobre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. pic.twitter.com/r80OQDmyHD
— Defensoría del Pueblo de Vicente López (@defensorvlopez) 5 de enero de 2026
Cabe señalar que la decisión del Ejecutivo se produjo en el contexto de una investigación judicial por presuntas coimas en ANDIS, iniciada en agosto de 2025 tras la filtración de audios en los que se implicaba al entonces director Diego Spagnuolo.
Las grabaciones que originaron la causa mencionan negociaciones para el pago de sobornos y la existencia de protección política. Algunos de esos audios señalan que la supuesta red habría actuado bajo la dirección de Karina Milei.
«La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina advierte que la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad es una decisión equivocada, regresiva y jurídicamente cuestionable, que debilita la estructura institucional destinada a la protección de derechos», concluye el comunicado.
