La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal tribunal de la ONU, inició el análisis de la demanda contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, derivadas de un supuesto “patrón de conducta” contra la minoría rohinyá en el estado de Rakáin. Las audiencias, públicas y a puerta cerrada, se extenderán hasta el 29 de enero y buscan determinar si las autoridades birmanas actuaron con “intención de destruir” a ese grupo, como alega Gambia en la demanda presentada en 2019.
En la apertura, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, afirmó ante la CIJ que Myanmar mantiene un “patrón de conducta” que demuestra la intención de destruir a los rohinyá, describiendo una persecución sostenida y décadas de propaganda deshumanizante. Jallow señaló operaciones de “limpieza” y políticas dirigidas a eliminar la presencia rohinyá, e indicó violaciones graves como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y la destrucción de aldeas en Rakáin.
El núcleo del caso son las operaciones militares de 2016 y 2017 que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades de Myanmar sostienen que actuaban contra grupos armados o terroristas; en cambio, organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en este país de mayoría budista. Un informe de la ONU de 2018 detectó indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, hechos que llevaron a más de 700.000 personas a refugiarse en Bangladés en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.
Jallow subrayó ante el tribunal que no se trata de cuestiones abstractas del derecho internacional, sino de personas reales: los rohinyá de Myanmar, cuyas vidas han quedado profundamente afectadas por la violencia y la persecución.
La demanda de Gambia cuenta con el apoyo formal de once países adicionales y con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). La Convención sobre el Genocidio considera este crimen de interés internacional, lo que permite a un Estado parte como Gambia presentar la demanda aun sin ser directamente afectado.
Gambia solicita que la CIJ declare que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales, ordene reparaciones a las víctimas y exija garantías de no repetición. En la fase provisional del proceso, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi compareció en 2019 ante la CIJ para rechazar las imputaciones, calificándolas de “engañosas” y defendiendo la actuación del Ejército en lo que describió como un conflicto interno complejo.
En 2020 la CIJ dictó medidas cautelares para que Myanmar protegiera a la población rohinyá. Sin embargo, ONGs sostienen que las violaciones continuaron y empeoraron tras el golpe de Estado de 2021. El Ejército de Arakán, que controla amplias zonas de Rakáin, también ha sido señalado por actos de violencia contra los rohinyá.
No se espera una sentencia pronta, ya que la CIJ deberá deliberar durante varios meses antes de decidir si Myanmar incurrió en responsabilidad por genocidio. La minoría rohinyá, asentada principalmente en Rakáin, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia, y no es reconocida como grupo étnico nacional ni se le concede la nacionalidad.
Una eventual condena de la CIJ podría influir en la interpretación internacional del genocidio y en la carga de la prueba para estos crímenes, sentando posibles precedentes aplicables a otros casos, como la demanda presentada por Sudáfrica en 2023 contra Israel por las operaciones en la Franja de Gaza.
(Con información de EFE)
