El jefe del poder judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó en la televisión estatal que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre serán sometidos a juicios rápidos.
La declaración se produce en medio de una represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado desde cientos hasta varios miles de muertos. El anuncio coincide además con la preocupación internacional por la posible ejecución de Erfan Soltani, condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” (literalmente “guerra contra Dios” en la legislación iraní).
Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei señaló que, en casos de crímenes graves, los tribunales deben actuar con rapidez; la televisión estatal citó declaraciones en las que subrayó la necesidad de resolver con prontitud los casos vinculados a la violencia extrema durante las protestas.
Hay marcadas discrepancias entre las cifras oficiales y las de fuentes independientes. HRANA, con sede en Estados Unidos, ha verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores y nueve civiles no relacionados con las protestas, lo que suma 2.571 fallecidos desde el inicio de la represión. Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabiliza al menos 734 muertos, aunque advierte que la cifra real podría ascender a varios miles.
Un funcionario iraní reconoció públicamente por primera vez una cifra global de dos mil muertos durante los disturbios. Las autoridades atribuyen gran parte de las muertes a “operativos terroristas” supuestamente apoyados desde el extranjero, mientras medios internacionales y organizaciones humanitarias han destacado la escala excepcional de la violencia utilizada para sofocar las protestas.
La pena de muerte ha cobrado un papel central en la respuesta oficial. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la primera ejecución estaba programada para el 14 de enero y señaló el caso de Erfan Soltani, de 26 años. Amnistía Internacional pidió al gobierno iraní la suspensión de todas las ejecuciones, con especial atención al caso de Soltani.
Desde Washington, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con CBS News que “Estados Unidos actuará de manera muy firme” si Teherán inicia una campaña de ejecuciones de manifestantes. Afirmó que mantiene todas las opciones abiertas, incluida la acción militar, y anunció el cese de reuniones con funcionarios iraníes y la imposición de sanciones comerciales a quienes negocien con la república islámica. “Una muerte ya es demasiado”, sostuvo.
Las protestas comenzaron como una respuesta al aumento del costo de la vida y derivaron pronto en un movimiento antigubernamental, con enfrentamientos prolongados en varias ciudades. El líder supremo, Ali Khamenei, encabeza un régimen que se enfrenta a la mayor ola de desobediencia civil desde la revolución islámica de 1979.
El corte del acceso a internet es otra táctica aplicada por las autoridades. Desde el 8 de enero, Irán ha sufrido un apagón digital que, según Netblocks, llegó a 132 horas consecutivas en una jornada. HRANA señala que la falta de conectividad dificulta la verificación independiente de las cifras de víctimas y detenidos.
La respuesta internacional ha sido dura. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó la represión como “la más violenta de la historia contemporánea de Irán” y exigió su cese inmediato. Amnistía Internacional reiteró el llamado a suspender todas las ejecuciones, y la diplomacia estadounidense intensificó la presión sobre Teherán mediante advertencias, sanciones y apoyo público a los manifestantes.
La situación en Irán sigue marcada por la incertidumbre y la confrontación entre opositores y partidarios del régimen. Diversos sectores sostienen que la memoria de los actos represivos perdurará y tendrá consecuencias duraderas para el futuro del país.
