El bloqueo naval y la intervención militar de EE. UU. en Venezuela tienen un antecedente ocurrido hace 123 años, cuando potencias europeas intervinieron tras el impago de una deuda por parte del gobierno venezolano. En ese momento el país estaba inmerso en una guerra civil entre el gobierno de Cipriano Castro y una coalición de caudillos liderada por Manuel Antonio Matos, apoyada por empresas británicas y extranjeras. Diez meses antes, Caracas había suspendido el pago de su deuda pública.
El 9 de diciembre de 1902, tras ignorar un ultimátum, quince unidades navales británicas y alemanas atacaron el puerto de La Guaira, apresaron seis naves de guerra venezolanas y ocuparon sus muelles. El presidente Cipriano Castro convocó a la unidad nacional y calificó la acción de una profanación del territorio y de un acto bárbaro contraria a los principios del Derecho Internacional.
La agresión continuó: a la coalición europea se sumó Italia y se bombardeó el Castillo Libertador y el Fortín Solano en Puerto Cabello, destruyendo sus piezas de artillería. Bélgica, los Países Bajos y España también participaron del bloqueo naval, que duró alrededor de dos meses y tuvo como objetivo forzar el cobro de una deuda de 165,3 millones de bolívares, mientras que los ingresos fiscales anuales de Venezuela rondaban apenas los 30 millones de bolívares.
El conflicto terminó el 13 de febrero de 1903 con la firma de los Protocolos de Washington, en los que EE. UU. actuó como mediador. Con el levantamiento del bloqueo, el presidente Castro accedió a las exigencias de los acreedores y decretó un “impuesto extraordinario de guerra” del 30% sobre todas las importaciones —vigente hasta 1913— y aumentó los gravámenes a las exportaciones para saldar las deudas con las potencias europeas.
“Doctrina Drago”: la condena del uso de la fuerza para el cobro de deudas soberanas
El 29 de diciembre de 1902, el canciller argentino Luis María Drago envió una carta al embajador en EE. UU. en la que rechazó el argumento de las potencias europeas de que el impago justificara el apresamiento de la flota venezolana, el bombardeo de puertos y el bloqueo. Drago afirmó que el cobro militar de préstamos equivaldría a una ocupación territorial y a la subordinación o supresión de los gobiernos locales.
El canciller insistió en que los acreedores contratan con una entidad soberana, y que la soberanía impide procedimientos ejecutivos que comprometan la existencia del Estado. Advirtió que la cobranza por la fuerza conduciría a la ruina de las naciones débiles y a la absorción de sus gobiernos por las potencias fuertes, citando a Alexander Hamilton para subrayar que los contratos entre una nación y particulares son obligaciones que no deben ejecutarse por la fuerza.
En la Segunda Conferencia de Paz de La Haya (octubre de 1907), la Doctrina Drago se plasmó en un convenio que limitó el uso de la fuerza para el cobro de deudas contractuales. Gracias al papel del delegado estadounidense Horace Porter, ese acuerdo —conocido como Convención o Doctrina Drago-Porter— estableció en su artículo 1 que los Estados firmantes se comprometen a no recurrir a las fuerzas armadas para cobrar deudas contractuales reclamadas por un gobierno a otro o debidas a sus nacionales.
El convenio incluyó, sin embargo, una excepción: no impedía el uso de la fuerza cuando el Estado deudor rechazara o frustrara el recurso al arbitraje, impidiera su celebración o no aceptara la sentencia de un tribunal arbitral.
De la “Doctrina Monroe” a la “Doctrina Donroe”: cuáles son los objetivos de EE. UU. hoy en Venezuela
En su alegato, Drago también aludía a la “Doctrina Monroe”, formulada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, cuyo principio “América para los americanos” postulaba la abstención de nuevas colonias europeas en el continente y la oposición a la extensión de sistemas coloniales que pusieran en riesgo la paz y la seguridad hemisférica.
Más de dos siglos después, el texto refiere que Donald Trump empezó a invocar una nueva formulación, llamada “Doctrina Donroe”, para justificar acciones militares recientes contra Venezuela, incluidas la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y la intención de EE. UU. de controlar la industria petrolera del país. El bloqueo naval lanzado hace un mes y las negociaciones con PDVSA, reconocidas por la propia petrolera, muestran la estrategia que atribuye Washington.
La llamada “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, busca restablecer la preeminencia de EE. UU. en el Hemisferio Occidental y negar a competidores extrarregionales —China, Rusia e Irán— la instalación de fuerzas y el control de activos estratégicos. En ese marco, el petróleo —que Trump sostiene que fue arrebatado a empresas estadounidenses por nacionalizaciones— pasa a ser un objetivo central de la política estadounidense hacia Venezuela.
