Durante la era victoriana, los crímenes violentos atribuidos a mujeres suscitaron incredulidad y alarma en el Reino Unido. Aunque los registros judiciales recogen varios asesinatos, la idea de que el llamado “sexo débil” pudiera cometer actos brutales influyó en la investigación y las penas aplicadas.
En el siglo XIX, la opinión pública vinculaba el comercio ilegal de cadáveres principalmente con hombres, mientras que las mujeres eran percibidas en general como secundarias o víctimas. En ese contexto surge el caso de Elizabeth Ross, una inmigrante irlandesa que vivía en Londres.
Ross, señalada por su entorno como conflictiva y violenta, acumuló rumores y acusaciones previas, entre ellas maltrato animal y supuesta implicación en la desaparición de una adolescente.
La noche del 19 de agosto de 1831, Caroline Walsh, vendedora ambulante de 84 años, aceptó la oferta de alojamiento de Elizabeth Ross y desapareció ese mismo día. Semanas después, el testimonio de Ned Cook, el hijo de 12 años de Ross, resultó decisivo: relató en el juicio que “mi madre la asfixió y luego llevó el cuerpo al hospital”, según recoge HistoryExtra.
Los médicos negaron haber recibido restos y nunca se encontró el cadáver. Aun así, la policía presentó pruebas basadas en la venta de prendas que supuestamente pertenecían a la víctima. Ross fue condenada y ejecutada en la horca en enero de 1832.
Persisten dudas sobre la fiabilidad de un testimonio infantil y sobre la capacidad de Ross para mover un cuerpo por sí sola, especialmente en un clima social permeado por el miedo a los “ladrones de cadáveres”.
El segundo caso documentado por HistoryExtra corresponde a Kitty Newton, en Bridgnorth, Shropshire. En 1848 su madre, Ann Newton, apareció muerta tras un incendio.
Kitty fue la principal sospechosa debido a conflictos familiares y acusaciones de malos tratos; enfrentó tres juicios marcados por declaraciones contradictorias y disputas hereditarias. Su tío aseguró haberla oído decir: “¡Me gustaría ver a esa vieja muerta y cortada en pedazos!”.
Sin embargo, dos médicos cuestionaron la autopsia por no examinar la laringe y la tráquea, lo que impidió determinar con certeza la causa de la muerte. Tras 15 meses en prisión preventiva, el jurado absolvió a Kitty por falta de pruebas concluyentes. El caso quedó abierto a interpretaciones diversas: crimen, accidente doméstico o suicidio, en un contexto de tensiones familiares y riesgos propios de las cocinas de la época.
En 1862, el asesinato de Jessie McPherson en Glasgow conmocionó al público por la violencia del hecho y las incertidumbres de la investigación. Jessie McLachlan, amiga de la víctima, fue arrestada cuando se descubrió que había vendido objetos robados del domicilio.
En declaraciones sucesivas, McLachlan negó inicialmente su implicación, pero luego admitió haber estado en la casa la noche del crimen y acusó al anciano James Fleming de ser el responsable, alegando que ella había sufrido acoso y amenazas.
La presión social y judicial fue notable: el jurado, impulsado por el juez, deliberó solo 15 minutos antes de declararla culpable, según reconstruye HistoryExtra. Su pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua ante la ausencia de pruebas físicas claras y la existencia de versiones enfrentadas, por lo que la autoría nunca quedó plenamente establecida.
El cuarto caso, el de Mary Pearcey en Londres en 1890, puso de relieve tanto la extrema violencia del crimen como la reticencia social a aceptar a una autora femenina.
Pearcey fue arrestada tras hallar los cuerpos de Phoebe Hogg y su hija Tiggy en una escena de gran brutalidad: la cabeza casi separada del tronco y abundante sangre.
Aunque pruebas materiales y testimonios señalaron a Pearcey —que mantenía una relación con el esposo de la víctima—, sectores de la sociedad y de la prensa se mostraron renuentes a creer que una mujer pudiera cometer tal atrocidad.
Pearcey negó toda responsabilidad: “No haría algo tan horrible. No haría daño a nadie.” El tribunal la condenó y fue ejecutada en la horca en diciembre de ese año.
Estos cuatro procesos ilustran cómo el sesgo de género influyó en procedimientos policiales, en la valoración y admisibilidad de pruebas y en el tratamiento mediático de las acusadas.
La reputación, los rumores y la menor credibilidad asignada a las mujeres distorsionaron tanto las investigaciones como el juicio social sobre cada caso. Las lagunas en la evidencia forense, los testimonios contradictorios y la tendencia a buscar explicaciones alternativas —locura, accidente o manipulación ajena— mantienen a las protagonistas rodeadas de incertidumbre.
Como recuerdo de este legado, la cuna de Tiggy Hogg sigue expuesta en el Museo de Cera Madame Tussauds: un objeto que remite a la idea de que la violencia no tuvo un único autor exclusivo en la Inglaterra victoriana.
