Tras las revelaciones surgidas del teléfono de uno de los líderes de “La Banda del Millón”, 19 integrantes del grupo fueron trasladados a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero y alojados en un pabellón sin acceso a celulares ni a dispositivos tecnológicos. La medida se adoptó en respuesta a los reiterados pedidos del Ministerio Público Fiscal para impedir la coordinación de delitos desde el interior del penal.
Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, la decisión fue tomada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tras una serie de presentaciones impulsadas por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien solicitó la prohibición absoluta del uso, tenencia y acceso a teléfonos móviles por parte de los detenidos vinculados con la organización.
El SPB implementó la resolución mediante la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, mientras que los tribunales aún no han dictado una resolución definitiva sobre el pedido fiscal, con la excepción de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, según las mismas fuentes.
Entre los trasladados figuran Brandon Imanol Brites, Elian Castillo, Esteban Fernández, Lucas Merelles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta, Santiago Paz, Hugo San Martín, Thiago Sandoval y Sofía Gómez, todos identificados como miembros activos de la banda.
Las autoridades señalaron que la decisión busca “garantizar las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control”.
En el Ministerio Público describen la medida como un avance concreto y eficaz destinado a prevenir la reiteración de hechos graves y a desarticular las posibilidades de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario, indicaron fuentes judiciales.
Además, informaron que se realizarán reuniones de trabajo entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, con el objetivo de reforzar las acciones necesarias para hacer cesar las conductas investigadas y verificar si desde otros penales se producen comunicaciones con fines delictivos.
La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, encabezada por el intendente Ramón Lanús, también puso a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y personal para fortalecer las tareas de prevención y neutralización del accionar de la organización.
La Banda del Millón está señalada por múltiples hechos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense, entre ellos asaltos a viviendas, homicidios y robos.
Investigaciones judiciales y policiales sostienen que buena parte de esos delitos eran planificados desde las cárceles, donde los líderes ordenaban y coordinaban ataques, y que la estructura utilizaba menores para vigilancia y apoyo logístico.
La medida se dispuso después de detectar que, a pesar de las detenciones, el grupo había marcado al menos 167 domicilios para futuros robos, información recuperada del teléfono de Hugo Castillo San Martín, uno de los jefes principales.
También se tomó tras conocerse el contenido de un dispositivo autorizado en manos de Lucas Merelles, desde el cual se lo acusa de ordenar ataques y dirigir en tiempo real a la banda mediante videollamadas.
El reclamo a la Justicia
El fiscal Patricio Ferrari volvió a solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas excepcionales respecto de los integrantes de la banda alojados en distintos penales.
En una presentación dirigida a los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Federico Vales Garbo, del Tribunal Oral Criminal N°3, Ferrari pidió —en un escrito presentado el 12 de febrero— la prohibición absoluta del uso, tenencia y acceso a cualquier teléfono celular o dispositivo con acceso a internet para todos los internos implicados, salvo para comunicaciones con sus defensores.
En el mismo pedido la Fiscalía propuso la instalación de bloqueadores de señal móvil y la realización de requisas diarias en las celdas, con el fin de impedir el ingreso y uso clandestino de aparatos electrónicos que faciliten la continuidad de actividades criminales desde el interior de las unidades penitenciarias.
También planteó medidas para impedir que terceros ingresen o faciliten dispositivos tecnológicos a los detenidos, con advertencias de sanciones para quienes violen la orden judicial, y dejó abierta la posibilidad de aplicar “cualquier otra medida” que el tribunal considere necesaria para asegurar la interrupción de la actividad criminal organizada.
El tribunal, en lugar de resolver el fondo del planteo fiscal, derivó pedidos de información a los establecimientos carcelarios. De esos relevamientos surgieron nuevos hallazgos: el SPB informó que en las celdas de Moyano, Gaitano, León y Ledesma se incautaron varios teléfonos que no estaban registrados en el penal y que habrían sido obtenidos y usados de forma irregular por los imputados.
La Fiscalía subrayó que esos secuestros ratifican la hipótesis de trabajo de la acusación pública sobre la continuidad delictiva de la banda pese a la prisión preventiva.
No obstante, a pesar de la evidencia y la urgencia planteada, el tribunal aún no resolvió el destino procesal de los celulares incautados ni formalizó la prohibición expresa solicitada por el fiscal.
El escrito de Ferrari enfatiza la gravedad del estancamiento y advierte la necesidad urgente de decidir sobre la prohibición integral de teléfonos y de ordenar el secuestro formal y la entrega judicial de todos los aparatos electrónicos ya incautados.
El fiscal reclamó además articular “un abordaje coordinado” entre los organismos intervinientes para garantizar la continuidad del proceso judicial, preservar el orden y la seguridad pública y evitar que la actividad criminal continúe operando desde los establecimientos penitenciarios.
Al cierre de su presentación, Ferrari solicitó una providencia inmediata para asegurar la protección efectiva del proceso y el cumplimiento de la ley.
En el mismo sentido, dirigió un reclamo similar a la jueza Victoria Santamaría Guglielmetti tras el hallazgo de un celular no registrado en poder del detenido Esteban Fernández. Según el SPB, en una requisa se secuestró un teléfono en situación irregular en la celda del imputado.
Conforme al informe, tras ese hallazgo la investigación se centró en reunir información técnica sobre el dispositivo (como el patrón de desbloqueo y otros datos), pero hasta el momento no se ha resuelto la medida general de restricción solicitada ni se ha puesto a disposición de la Fiscalía el aparato incautado.
