El Parlamento Europeo autorizó que los países de la Unión Europea puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, excluyendo la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. La iniciativa fue aprobada en la votación con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, y marca el paso previo para su materialización a través de un mecanismo de cooperación reforzada.
La cooperación reforzada, prevista en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, permite a un mínimo de nueve Estados miembros avanzar en medidas concretas cuando no existe consenso entre todos los socios. Se emplea en ámbitos en los que la Unión no puede alcanzar objetivos comunes en un plazo razonable, sin ampliar las competencias más allá de lo establecido en los tratados y sin perjudicar a quienes optan por no participar.
La exclusión de los tres países de Europa Central se formalizó en la cumbre del Consejo Europeo del 18 de diciembre. Según lo acordado por los líderes, el uso de recursos del presupuesto comunitario como garantía del crédito no afectará a las obligaciones financieras de Hungría, Eslovaquia y la República Checa; sin embargo, las empresas de esos Estados podrán concurrir a las licitaciones financiadas con esos fondos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo que la exclusión evita que sus ciudadanos asuman la carga del préstamo, al que calificó de “dinero perdido”. Hungría y Eslovaquia, considerados entre los gobiernos más cercanos a Moscú en la UE, han rechazado la ayuda militar a Ucrania. La postura de la República Checa es distinta: su primer ministro, Andrej Babiš, dijo apoyar las conclusiones de la cumbre y respaldar a Ucrania, pero no está dispuesto a garantizar el préstamo.
El mecanismo financiero acordado en diciembre se financiará mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario. Esta alternativa se adoptó después de que no prosperara la idea de financiar el préstamo con activos rusos inmovilizados, una opción rechazada principalmente por Bélgica. La UE mantiene congelados cerca de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, pero las exigencias belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el diseño del préstamo el 14 de enero: dos tercios del total —60.000 millones de euros— se destinarían a gasto militar, con prioridad para compras a la industria ucraniana y europea, y los 30.000 millones restantes cubrirían necesidades presupuestarias de Kiev y garantizarían el funcionamiento de la administración pública.
El plan contempla que Ucrania reciba el préstamo sin intereses y lo devuelva únicamente cuando Rusia abone reparaciones de guerra. La UE se reserva la posibilidad de utilizar los activos rusos inmovilizados para apoyar a Kiev si fuera necesario. Mientras tanto, la deuda se colocará en mercados internacionales con el respaldo del presupuesto europeo; Bruselas calcula que los intereses ascenderán a unos 3.000 millones de euros anuales, que deberán incorporarse al próximo marco financiero plurianual.
El acuerdo también prevé que las adquisiciones militares se realicen preferentemente en países de la Unión Europea, en Ucrania y en Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Solo si no es posible o no hay la suficiente rapidez en esa región se podrá recurrir a proveedores de otros países.
El Parlamento Europeo aprobó además tramitar con urgencia las propuestas legislativas necesarias para poner en marcha el préstamo. La Comisión Europea pretende que eurodiputados y Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo, con el objetivo de efectuar el primer desembolso en abril.
Como en programas de ayuda previos, los pagos estarán condicionados al cumplimiento por parte de Ucrania de un programa de reformas enfocado, entre otros aspectos, en la lucha contra la corrupción y el refuerzo del Estado de Derecho, medidas que también buscan facilitar su camino hacia la adhesión a la UE. La decisión llega mientras la Unión trata de garantizar apoyo financiero y militar en un momento crítico: Bruselas estima que Kiev necesitará 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con una crisis de liquidez prevista a partir de abril de 2026.
