El régimen iraní reconoció este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que comenzaron a fines de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor.
La cifra fue difundida por la Fundación de Veteranos y Mártires y transmitida por la televisión estatal; es la primera confirmación oficial sobre la magnitud de la violencia, aunque observadores independientes han cuestionado inmediatamente los datos.
Las protestas, originadas por el descontento económico, se convirtieron en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que planteó un desafío directo al sistema clerical instaurado tras la revolución de 1979.
Según Ali Akbar Pourjamshidian, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, 2.427 de los fallecidos fueron clasificados como “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y 690 fueron catalogados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
Fuentes independientes recuerdan que el régimen tiene antecedentes de minimizar las cifras de víctimas en situaciones de represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), señaló que las evidencias disponibles indican que el número real de muertos es mucho mayor.
Amiry-Moghaddam advirtió que, aplicando patrones previos de ocultación, la cifra de fallecidos podría acercarse o incluso superar las 25.000 personas.
El director de IHR afirmó que la documentación recogida apunta a la responsabilidad del Estado y que las fuerzas de seguridad y sus aliados habrían usado fuego real contra manifestantes, incluyendo ametralladoras pesadas.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) elevó por su parte el recuento verificado a 4.560 muertes, aunque reconoció que la cifra podría ser más alta debido a las dificultades para recopilar información bajo un apagón de internet.
El gobierno iraní ha defendido la actuación de sus fuerzas, atribuyendo los disturbios a “elementos terroristas” apoyados desde el exterior, en particular por Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional, en cambio, han documentado el uso deliberado de munición real, disparos a los ojos desde posiciones elevadas y represión contra mujeres y menores.
El grupo Hengaw, con sede en Noruega, informó que al menos 42 mujeres murieron a manos de fuerzas estatales, en lo que forma parte de los registros recopilados por distintas organizaciones.
La falta de acceso a información independiente sigue siendo un obstáculo importante para determinar el alcance de la represión. Netblocks ha registrado más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificultó la comunicación y la verificación de datos.
Materiales que han salido del país muestran morgues con mucha afluencia, cuerpos con heridas de bala y familiares tratando de identificar a los fallecidos en condiciones caóticas.
Las protestas, inicialmente motivadas por la subida del coste de la vida y la crisis económica agravada por sanciones internacionales, evolucionaron hacia un enfrentamiento abierto con el liderazgo clerical. La respuesta estatal incluyó el despliegue de fuerzas policiales y militares, cortes de comunicación y acciones directas contra manifestantes.
Amiry-Moghaddam pidió a la comunidad internacional mecanismos para proteger a la población civil iraní y sancionar a los responsables de la represión, subrayando que “el mundo está observando”.
En paralelo, las tensiones con Estados Unidos aumentaron: el ministro de Exteriores iraní Abbas Araqchi advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, y el entonces presidente estadounidense Donald Trump afirmó que cualquier agresión iraní recibiría una respuesta “fulminante”.
Mientras las autoridades intentan atribuir las protestas a “enemigos externos” y dar por cerrado el episodio, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no debe quedar impune. El costo humano completo podría tardar semanas o meses en conocerse, pero ya supera episodios similares en las últimas décadas del país.
(Con información de AFP y EFE)
