Tres activistas prodemocracia de Hong Kong —Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho— enfrentan juicio desde este jueves acusados de incitación a la subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Los tres fueron líderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, conocida por organizar durante décadas la vigilia anual en recuerdo de las víctimas de la represión en la Plaza Tiananmen de 1989.
Según su abogado, Albert Ho tiene previsto declararse culpable, una decisión que podría rebajar la pena que enfrente.
La fiscalía les imputa haber incitado a otros a organizar, planificar o actuar por medios ilícitos con el fin de subvertir el poder estatal; de ser condenados, podrían afrontar hasta 10 años de prisión.
El caso se inscribe en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, normativa que ha reducido de forma significativa el espacio para la protesta y las libertades políticas en la ciudad semiautónoma.
Quienes critican el proceso aseguran que evidencia el debilitamiento de la promesa de Pekín de mantener libertades al estilo occidental durante 50 años desde la devolución en 1997; el gobierno local, en cambio, sostiene que las actuaciones policiales se basan en pruebas y se ajustan estrictamente a la ley.
En las primeras horas de la jornada, varias decenas de personas hicieron fila frente al tribunal para tratar de conseguir un asiento en la galería pública, pese al frío.
Tang Ngok-kwan, exmiembro destacado de la alianza, dijo que estuvo en la fila desde la tarde del lunes para mostrar apoyo a sus antiguos compañeros: “Usan su libertad a cambio de una defensa digna. Se trata de rendir cuentas ante la historia”, declaró.
Chan Kim-kam, exconsejal de distrito prodemocracia y amigo de Chow Hang-tung, permaneció durante la noche junto al tribunal. “Necesitamos ser testigos de esto, independientemente de los resultados”, afirmó.
El juicio será presidido por tres jueces designados con la aprobación del gobierno y está previsto que se extienda por 75 días. La fiscalía presentará como pruebas vídeos vinculados a las actividades históricas de la alianza.
Chow Hang-tung, activista y abogada que ejerce su propia defensa, solicitó en noviembre que se desestimara el caso alegando que la fiscalía no precisó a qué “medios ilícitos” se le atribuían; los jueces rechazaron la petición.
Los magistrados explicaron que la fiscalía había señalado que la expresión se refería a intentar poner fin al régimen del Partido Comunista Chino y a violaciones de la Constitución china. Según los jueces, los acusados son señalados por promover el llamado a “poner fin al régimen de partido único” a través de entrevistas y discursos públicos, sobre todo después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en junio de 2020. Aunque reconocieron el amplio alcance de la acusación, consideraron que los fiscales ofrecieron suficientes detalles a los imputados.
El tribunal aseguró además que no permitirá que el proceso se convierta en una herramienta de represión política bajo la apariencia de la ley. Se espera que esta semana la fiscalía exponga los puntos centrales de su caso.
Urania Chiu, profesora de Derecho en Oxford Brookes University, opinó que el proceso incide directamente en la libertad de expresión, pues la acusación “sustenta que el llamado general de la Alianza a ‘poner fin al régimen de partido único’ constituye subversión, lo que equivaldría a criminalizar un ideal político”.
Sarah Brooks, subdirectora regional de Amnistía Internacional, afirmó que el caso pretende “reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de la represión de Tiananmen”.
La Alianza de Hong Kong fue conocida durante décadas por organizar la única conmemoración pública masiva sobre la represión de 1989 en China. Hasta 2020, decenas de miles de personas asistían cada año; las autoridades prohibieron luego el evento alegando medidas antipandemia.
Tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, el parque donde se celebraba la vigilia fue utilizado para un carnaval promovido por grupos afines a Pekín, y quienes intentaron conmemorar el aniversario en las inmediaciones fueron detenidos por la policía.
Antes de disolverse formalmente en septiembre de 2021, la alianza se negó a cooperar cuando la policía solicitó información alegando motivos razonables para sospechar que actuaba como agente extranjero, una acusación que el grupo rechazó.
En otro caso relacionado, Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan y otro miembro clave fueron condenados en 2023 por no facilitar información a las autoridades y sentenciados a cuatro meses y medio de prisión; sin embargo, la corte superior anuló esas condenas en marzo de 2025.
Chow, Lee y Albert Ho permanecían bajo custodia a la espera del inicio del juicio, que ya había sido aplazado en dos ocasiones.
Pekín defendió la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como necesaria para restaurar la estabilidad tras las protestas masivas de 2019. Desde su entrada en vigor, la norma ha llevado a la condena de decenas de activistas prodemocracia, incluido el empresario mediático Jimmy Lai el mes pasado, y al cierre de numerosos grupos de la sociedad civil en Hong Kong.
(Con información de Associated Press)
