La decisión del Gobierno de simplificar el trámite para patentar un auto 0 km mediante la emisión de un Certificado de Seguridad Vial (CSV) por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), evitando el circuito formal de fábricas e importadores oficiales, generó inquietud en la industria automotriz argentina.
Tras reunirse, los equipos técnicos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) difundieron una comunicación en la que expresan su postura técnica. Adefa no se opone a la medida siempre que se respeten las leyes locales y se apliquen las mismas condiciones técnicas y de costos que a terminales e importadores oficiales.
Los técnicos de la asociación advirtieron que los requisitos planteados —en particular los vinculados a seguridad y emisiones— resultarían inferiores a los que exigen las Licencias de Configuración de Modelo (LCM) y Ambiental (LCA) para homologar vehículos destinados al mercado nacional.
Además, Adefa señaló la diferencia económica: el arancel de $100.000 por el informe técnico es considerado insuficiente frente a la inversión real en ensayos, crash tests y calibraciones que demanda la homologación, procesos que suelen extenderse más de 12 meses y con costos significativamente mayores.
La asociación también indicó un riesgo para el consumidor: vehículos que no son comercializados oficialmente en el país y que no están homologados por una terminal o importador carecen de garantía y de soporte posventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión.
Adefa no se pronunció sobre los importadores informales, conocidos en el sector como “bolseros”, que podrían traer vehículos sin las certificaciones internacionales requeridas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y luego optar por obtener un CSV a un costo reducido: $100.000 por la primera unidad y $500.000 por cada unidad adicional similar.
Qué dicen los importadores
La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), que agrupa a los importadores oficiales de marcas que no producen en Argentina, también se expresó sobre la medida.
Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA e importador oficial de Hyundai, afirmó que no están en contra de que cada persona pueda traer su auto, pero destacó la distorsión de costos: una homologación de $100.000 frente a un proceso que, según estiman, puede costar alrededor de USD 10.000 y es mucho más complejo.
Desde el punto de vista técnico, Cavicchioli explicó que algunas verificaciones no son posibles en un taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Por ejemplo, comprobar si un vehículo cumple la norma Euro 5 (requisito de la LCA) exige ensayos de laboratorio con reactivos que las plantas de RTO no poseen.
Además, señaló consecuencias prácticas: si se importan vehículos con normas de emisiones inferiores, aumentará la contaminación; si se importan con normas superiores, pueden aparecer problemas de repuestos y fallas, ya que los importadores informales y los particulares suelen no traer repuestos ni ofrecer garantía.
En materia de seguros, las aseguradoras difícilmente aceptan vehículos sin repuestos disponibles en el mercado; si lo hacen, las primas serían altas y cualquier siniestro implicaría costos elevados por importación de piezas y fletes. El pago por pérdida total también puede resultar muy caro según el segmento y valor de la unidad.
Por último, Cavicchioli destacó la importancia de la trazabilidad: comprar a una fábrica o a un distribuidor oficial permite conocer el recorrido del vehículo y el precio CIF (incluye flete y seguro). En cambio, un auto que ingresa directamente por puerto puede tener un historial incierto —daños por agua o granizo, largos períodos de almacenamiento, faltantes de piezas, airbags no funcionales— y otros riesgos que afectan su estado y seguridad.
