Durante mucho tiempo la “digitalización” gubernamental fue, en la práctica, un cambio de formato: los procedimientos seguían siendo lentos y opacos, pero ahora terminaban con un PDF impreso.
Como alcalde de una ciudad industrial intermedia en una de las zonas metropolitanas más dinámicas del país, comprobé que esa “modernización” no resuelve problemas y, en muchos casos, aumenta el desencanto con el Estado. La tecnología que solo maquilla procesos mal diseñados termina por digitalizar la frustración.
En una ciudad integrada a la economía global, los efectos se notan de inmediato: un permiso retrasado significa obra que no empieza, negocios que no abren y empleos que no se generan. Por eso entendimos que digitalizar no podía ser un proyecto informático aislado, sino una decisión política para cambiar la relación entre gobierno y ciudadanía.
La primera transformación fue interna. Con procesos ordenados y digitalizados, la administración dejó de depender de la presencia física y del papel. Elisa R., funcionaria de desarrollo urbano, vivió cómo durante una ausencia por salud el trabajo siguió: firmas remotas, expedientes en curso y decisiones que no se detuvieron. Fue la evidencia de que el sistema estaba diseñado para funcionar.
Este cambio implica pasar de exigir presencia a confiar en reglas claras que permiten trabajar sin fricciones innecesarias, dentro y fuera de las oficinas públicas.
El impacto económico fue inmediato. En América Latina invertir suele implicar semanas de trámites e incertidumbre. Cristóbal R., directivo inmobiliario en un proyecto logístico internacional, destacó que procesos en línea y permisos ágiles generan certidumbre sobre los retornos, algo poco común en muchos municipios.
La lógica es directa: un permiso a tiempo permite que la inversión arranque según lo previsto; la inversión genera empleo; y el empleo produce ingresos en los hogares. Por ello, una digitalización bien diseñada es, además, una política económica territorial.
Hay otro efecto cotidiano: cada trámite resuelto en línea significa un traslado menos, un vehículo menos en la vía y menos congestión. Javier T. G., del sector vivienda, lo resumió en términos de ahorro de tiempo, reducción de tráfico y mayor eficiencia. Digitalizar también mejora la calidad de vida urbana.
Para los pequeños empresarios la diferencia es patente. Leopoldo F., franquiciatario con operaciones en varias ciudades, comentó que por primera vez un trámite fue rápido y claro; eso lo motivó a abrir más sucursales donde el sistema responde. La confianza institucional se convirtió en una decisión de inversión.
Es necesario decirlo sin rodeos: la corrupción prospera con la discrecionalidad. Cuando los trámites dependen de criterios personales o de gestores, el sistema se corrompe. Una digitalización integral deja rastro, fija plazos y reduce la arbitrariedad; en términos prácticos, los sistemas informáticos no solicitan favores.
Este aprendizaje local conecta con un debate regional sobre cómo construir Estados que acompañen el desarrollo sin asfixiarlo, que generen confianza manteniendo autoridad y que reconozcan la productividad como una política pública.
Tras varios años gobernando una ciudad intermedia, sostengo que digitalizar no es solo modernizar trámites: es respetar el tiempo de las personas, dejar de operar por sospecha y poner al Estado al servicio de que las cosas ocurran. Cuando esto sucede, la transformación no se anuncia en conferencias: se siente en la calle. En una región que necesita crecer, atraer inversión y convertir ese crecimiento en bienestar, esa diferencia es decisiva.
* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.
