Movimientos sociales, la CGT, organizaciones piqueteras, sindicatos de base y las dos CTA, junto con otros sectores —como jubilados y gremios docentes— convocan a una movilización masiva para el miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación, en rechazo al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron a este medio que se aplicará el protocolo antipiquetes habitual en marchas, cortes y manifestaciones, con el objetivo de proteger la circulación y prevenir incidentes. Se dispondrán vallas en las inmediaciones del Congreso y en Plaza de Mayo.
La protesta coincide con el inicio del debate del proyecto en la Cámara Alta y anticipa que el Congreso será el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en la calle y un importante despliegue de seguridad anunciado por el Gobierno nacional.
La presencia de columnas piqueteras trotskistas y de partidos y movimientos de izquierda —como Polo Obrero, Partido Obrero, MST, PTS, MAS, Bloque Nacional Piquetero, Territorios en Lucha y FOL, entre otros— generó preocupación en la Casa Rosada, ya que concentraciones previas de algunos de esos sectores terminaron en incidentes graves.
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Ante la magnitud de la convocatoria, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, además del vallado preventivo en zonas críticas, desplegará un operativo especial que incluirá fuerzas federales y coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El dispositivo de seguridad prevé controles en accesos, cortes y desvíos de tránsito, y medidas preventivas para evitar incidentes durante la movilización, con la finalidad de garantizar el funcionamiento del Congreso mientras se lleva adelante el debate parlamentario.
El centro de la movilización será la Plaza Congreso, aunque se espera que las columnas comiencen a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos del centro porteño, entre ellos el Obelisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, convocó a movilizar desde las 14.30 y señaló que se moviliza “en todo el país” contra una reforma que, según la organización, recorta derechos de los trabajadores. También anunciaron movilizaciones en varias provincias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización nacional para esa jornada, pero descartó un paro general tras una reunión de su Consejo Directivo en la que quedaron en evidencia diferencias internas sobre la estrategia frente a la reforma laboral.
Mientras algunos gremios impulsaban un paro general, otros favorecían una manifestación masiva sin huelga. Finalmente, la conducción de la CGT optó por avanzar con la marcha y no convocar a un paro general, aunque permitió que los sindicatos más combativos adopten medidas de fuerza por actividad si así lo deciden.
La movilización de la CGT comenzará formalmente a las 15:00, aunque las principales columnas gremiales se concentrarán desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso y frente a las sedes sindicales participantes. El acto central está previsto para la tarde.
Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros e integrante del triunvirato de la CGT, junto a Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, expresó un rechazo contundente al proyecto oficial: afirmó que la iniciativa implica una “pretendida modernización con sesgo ideológico” que restringe derechos individuales y colectivos de los trabajadores y traslada recursos desde el sector laboral hacia los empleadores.
En el marco de la jornada de protesta, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un paro desde las 11:00, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga general. Otros gremios, como Bancarios, Camioneros y Canillitas, aún no definieron si suspenderán actividades.
En paralelo, el oficialismo necesita sumar apoyos de fuerzas aliadas para avanzar con la reforma laboral, que propone cambios en indemnizaciones, jornada laboral y régimen de vacaciones.
Los gremios docentes universitarios confirmaron su participación en la movilización y no descartaron nuevas medidas de fuerza para marzo. Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, señaló que la situación del sector es “insostenible” y que la federación resolvió impulsar un plan de lucha con paros y movilizaciones. Entre sus reclamos figuran el llamado urgente a paritarias docentes, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó a un paro docente para el 11 de febrero en rechazo al ajuste en educación y reclamando la devolución del FONID, además de confirmar su adhesión a la marcha. También participarán agrupaciones de jubilados, movimientos piqueteros independientes y el Plenario del Sindicalismo Combativo, que reclamaron un paro nacional y un plan de lucha; Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados, afirmó que ese plenario “le enseña a luchar a la CGT”.
Desde la organización Libres del Sur, Silvia Saravia afirmó que el Gobierno “miente” y criticó medidas previas —como la eliminación de multas por contratación en negro y la extensión del periodo de prueba— que, según ella, aumentaron la informalidad, el desempleo y la rotación laboral. También sostuvo que la reforma no beneficia a los trabajadores ni a las pymes y advirtió sobre riesgos para la industria nacional.
La movilización del miércoles 11 de febrero se perfila como una jornada clave tanto para el futuro de la reforma laboral como para la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical y social. Mientras el oficialismo busca avanzar con un eje central de su programa, los convocantes anticipan una protesta multitudinaria que podría derivar en un plan de lucha sostenido si el proyecto continúa su trámite parlamentario.
