Tras más de 25 años de negociaciones intermitentes, avances frustrados y retrocesos políticos, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad. Su firma constituye un hito comercial relevante: conecta a dos bloques que reúnen cerca del 25% del PIB mundial y a casi 780 millones de personas, con efectos que van más allá del comercio.
No obstante, el valor del acuerdo no se limita a su dimensión económica o geopolítica, sino a las oportunidades que abre hacia el futuro. Para las empresas, especialmente en países del Mercosur, implica acceso preferencial a mercados sofisticados, mayor previsibilidad regulatoria e integración en cadenas globales de valor. Ese beneficio, sin embargo, no se materializa de forma automática; exige decisiones estratégicas.
Desde la perspectiva empresarial, el escenario resulta en muchos aspectos inédito. La eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques reduce barreras que durante años afectaron la competitividad de las empresas sudamericanas en Europa y encarecieron la presencia europea en la región.
El verdadero valor del acuerdo está en lo que permite construir hacia adelante.
El impacto potencial es importante si se considera el punto de partida: la Unión Europea ya es el segundo socio comercial del Mercosur y el principal inversor externo en la región. El acuerdo profundiza una relación existente, pero bajo reglas más estables y previsibles en comercio, inversiones, propiedad intelectual y compras públicas.
Para sectores estratégicos del Mercosur —como la agroindustria, la energía, la minería y los encadenamientos productivos ligados a la transición energética— el tratado abre una puerta privilegiada a un mercado exigente y de gran tamaño. Para Europa, consolida oportunidades en manufacturas, bienes de capital, automotriz, farmacéutica, tecnología y servicios, y contribuye a asegurar cadenas de suministro en un contexto global fragmentado.
Sin embargo, asumir que estos beneficios serán inmediatos sería simplificar demasiado. El acuerdo marca un inicio, no una llegada. La apertura comercial intensificará la competencia, sobre todo en las economías del Mercosur. Las empresas locales enfrentarán productos europeos con menores costos de entrada y deberán cumplir estándares más altos en calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental, cumplimiento sanitario y gobernanza corporativa.
El acuerdo es un punto de partida, no un punto de llegada.
A esto se suma la dimensión regulatoria y política: la implementación convivirá con un entorno normativo europeo dinámico, con exigencias crecientes en materia ambiental, técnica y de sostenibilidad que condicionan el acceso efectivo al mercado. Más allá de la ratificación, que aún enfrenta resistencias en algunos países, la capacidad de las empresas para monitorear el entorno político, anticipar cambios regulatorios y mantener un diálogo continuo con decisores públicos será clave para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades.
El desafío central para muchas compañías será interno. Adecuar procesos productivos, invertir en tecnología, fortalecer sistemas de compliance, profesionalizar la gestión de datos y elevar los estándares de sostenibilidad dejarán de ser ventajas para convertirse en requisitos básicos para acceder al mercado.
En definitiva, el acuerdo UE–Mercosur ofrece una oportunidad significativa para redefinir la inserción internacional de las empresas de la región. Su impacto real dependerá de la capacidad del sector privado para traducir la apertura comercial en decisiones concretas de inversión, innovación y posicionamiento estratégico. La puerta está abierta; el reto es atravesarla con una estrategia clara.
Di Meglio es Director Senior de Asuntos Corporativos y Tombesi consultora Senior de Asuntos Corporativos, ambos en LLYC Argentina
