La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunció que miles de manifestantes heridos en las recientes protestas habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, lo que constituiría una violación grave del derecho a la atención médica establecido por el derecho internacional.
Sato, quien también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples informes sobre retiros forzosos de pacientes en hospitales de distintas provincias. Relató a Reuters que familiares que fueron al día siguiente a visitar a sus parientes no los encontraron y que, según denuncias, se exige entre USD 5.000 y USD 7.000 para entregar los cuerpos de las víctimas, una carga económica significativa en el contexto actual del país.
La organización HRANA, con sede en Estados Unidos, calcula que las muertes vinculadas a las protestas alcanzan 5.937, entre ellas 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Sato y Reuters indicaron que no han verificado de forma independiente estas cifras, aunque la relatora considera que el número real de víctimas mortales supera ampliamente las cifras oficiales.
Personal sanitario entrevistado de forma anónima por Reuters afirmó que las fuerzas de seguridad irrumpieron en hospitales para retirar a pacientes y requisar registros de heridos por protestas con el fin de detenerlos. Un médico en Rasht dijo que, tras operar a decenas de heridos por bala, la Guardia Revolucionaria se los llevó sin que se conozca su paradero. También enfermeras y médicos de Teherán informaron que agentes revisaron habitaciones buscando manifestantes heridos.
Estas prácticas, según Sato, han disuadido a muchos de buscar atención médica por temor a arrestos, lo que pone en riesgo la vida y la salud de los lesionados. La relatora advirtió que se vulnera el principio de neutralidad médica protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan protección para personal, instalaciones y pacientes con el fin de asegurar una atención imparcial.
De acuerdo con los informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad habrían disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y empleando fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional permite el uso de fuerza letal únicamente como último recurso y de forma proporcionada. Sato señaló que estos hechos podrían constituir «muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias» y advirtió sobre un incremento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también criticó que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al mezclar el dolor con la extorsión. Asimismo dijo que las autoridades intentan etiquetar a los manifestantes como «terroristas» o «alborotadores» para justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Un grupo de derechos humanos denunció que la televisión estatal iraní ha transmitido al menos 240 confesiones forzadas en las últimas semanas. En esos videos, las personas arrestadas admiten supuestos delitos que van desde violencia contra fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o gobiernos extranjeros, e incluso interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esos materiales de propaganda y sostienen que las confesiones se obtienen bajo tortura física y psicológica. Se reporta que detenidos son forzados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir actos que no cometieron, incluidos actos pacíficos de protesta.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha participado en algunos interrogatorios televisados. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, esas confesiones cumplen funciones políticas: generar legitimidad para la represión, presentar a manifestantes como agentes de intereses extranjeros y disuadir la disidencia. Boroumand añadió que las confesiones públicas buscan humillar y desacreditar opositores y recordar el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, que comenzaron por motivos económicos, se convirtieron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente tras el apagón de internet impuesto el 8 de enero. HRANA informó que miles de personas murieron durante la represión, y también contabilizó más de 41.000 detenciones y 240 confesiones forzadas en el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, y advirtió que esas declaraciones suelen ser la única prueba presentada para condenas que en algunos casos implican la pena de muerte. Boroumand señaló que al exhibir a disidentes confesando «colusión con potencias extranjeras», el Estado busca legitimar la represión alegando protección de la seguridad nacional y utiliza las confesiones televisadas como prueba para imponer castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
